Santa María de Garoña, la aldea nuclear

A Santa María de Garoña (Burgos, 18 habitantes) no se llega de casualidad, hay que ir a propósito. Mejor con ayuda de un GPS o, en su defecto, con las indicaciones de las lugareñas que hacen su ruta del colesterol diaria por las carreteras secundarias del Valle de Tobalina, comarca a la que pertenece el pequeño municipio que acoge la central nuclear más antigua del parque atómico español.

La planta burgalesa cumple 40 años de actividad con una prórroga de funcionamiento de dos más –su fecha de cierre es para 2013- y la central – gestionada por Endesa e Iberdrola al 50% a través de Nuclenor- vive con la esperanza de que, una vez pasadas las elecciones del 20 de noviembre, y si el PP forma nuevo Gobierno, revise la licencia, como promete en su programa electoral, y prolongue su vida hasta 2019, como avala en su último informe el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

“Eso lo que tienen que hacer es cerrarlo ya”, señala con su bastón Benito Vadillo, pastor de 56 años, que cuida de su rebaño de ovejas en un prado cercano al municipio con la ayuda de su perra ‘Zagala’, a la que llama constantemente. El trasiego de trabajadores de la central nuclear le queda cercano: su hermano Fernando, de 53 años, fue obrero en Garoña de manera intermitente durante 13 años, hasta que una baja por enfermedad lo quitara de las quinielas para volver.

El reciclaje de los trabajadores de la central y la posibilidad de un plan alternativo son uno de los caballos de batalla para los detractores y defensores de la planta burgalesa. El sector industrial representa el 26,3% de los empleados -1532 empleos directos e indirectos- en los municipios que se reparten por el Valle de Tobalina, además de Las Merindiades, según datos del informe que realizó Analistas Financieros para Nuclenor en octubre de 2010. “El 90% de los que trabajan aquí son procedentes del Valle”, defiende Alberto César González Arín, portavoz del comité de empresa de Garoña, a las puertas de la central. “Donde yo vivo, en Quintasecas, no hay nadie trabajando allí; y de Frías hay 5 o 6 personas nada más, de 300 habitantes”, asegura Fernando García, miembro de la Asociación de Vecinos Afectados por la Central Atómica de Garoña (AVACA). Rafael González Mediavilla, alcalde del Valle de Tobalina (PP) desde hace tres legislaturas, admite que el principal núcleo de trabajadores se concentra en Miranda de Ebro y Medina de Pomar, pero que desde las corporaciones locales “se reivindica constantemente” la inclusión de trabajadores de la zona más cercana a la central. García, artesano y escultor de 37 años, también cree que la central “es un freno y un lastre” para el desarrollo de la región, mientras que la empresa considera que su cierre propiciaría “una condena” al principal sector económico de la zona.

Es una tomadura de pelo que el PSOE utilice por tercera vez a Garoña en su campaña electoral Fernando García, miembro de AVACA

El punto de reunión del Plan Municipal de emergencia nuclear, a la entrada de de Santa María de Garoña, está cerrado a cal y canto. Unos megáfonos apenas utilizados coronan la garita, desde donde se podría otear la decena de casas que conforman Santa María de Garoña. “Diariamente vivirán aquí unas 5 o 6 personas, aunque en fin de semana venimos los demás”, explica Miguel Moreno, prejubilado de una empresa de telefonía que se afana, mientras habla, en repartir abono en el jardín de la casa que construyó en la aldea en 1974. Un municipio al que le sería imposible celebrar un partido de fútbol amistoso si se jugara solo con sus habitantes censados.

La seguridad y el mantenimiento de una central nuclear que tiene una vida más allá de los 40 años es esencial para avalar una posible prórroga hasta 2019. Garoña es segura. Continuidad; Feliz 40 cumpleaños. Y que cumplas muchos más; son las pancartas que cuelgan de las puertas de la central. “Si se reabre el dictamen sobre la central se volverá a la normalidad técnica que deseamos, que es que primen los aspectos técnicos frente a las decisiones políticas”, esgrime Antonio Cornadó, jefe de comunicación de Nuclenor. Esa “responsabilidad técnica” también las defiende alcalde del Valle de Tobalina, personal técnico en la central desde 1975, y el propio comité de empresa. Para Fernando García, miembro de AVACA es una “tomadura de pelo” muy peligrosa que el PSOE “utilice por tercera vez” a Garoña en su campaña electoral y considera que las malas decisiones que se toman en cuestiones de seguridad y mantenimiento forman parte “de la contaminación política” que existe a nivel local.

El 90% de los que trabajan aquí son procedentes del Valle Alberto César González Arín, portavoz del comité de empresa

¿Existe el miedo a que una central, gemela a la de la planta japonesa de Fukushima, sufra un accidente? Para García deberían primar las mejoras y modificaciones de la central, “que no se han hecho hasta ahora”, como el refuerzo en los circuitos eléctricos o la protección contra incendios, además de un mejor aislamiento, aunque duda que en dos años que le quedan a la central para su desmantelamiento se lleven a cabo. “Nuestra obligación es mantenerla segura. Lo hacemos bien y lo seguiremos haciendo bien”, espeta Alberto César Arín, del comité de empresa. Desde el huerto de Miguel Moreno, en Santa María de Garoña, la seguridad y el riesgo de un posible accidente nuclear se ve desde un prisma más pragmático: “Si ocurriera algo, qué más da que esté aquí o en Barakaldo”.