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González Pons propone cambiar una ley abolida en 2010

La Ley del Tercer Canal fue suprimida en la Ley General de la Comunicación Audiovisual

Rosario G. Gómez
El cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia, Esteban Gonzalez Pons.
El cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia, Esteban Gonzalez Pons.JUUAN CARLOS CÁRDENAS (EFE)

Una de las medidas estrella del PP en materia audiovisual pasa por modificar la actual legislación para que los Ejecutivos regionales puedan privatizar “en todo o en parte” las televisiones autonómicas. El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, anunció el pasado martes que si llega al poder su partido cambiará la Ley del Tercer Canal. Algo metafísicamente imposible, ya que esta norma fue abolida el año pasado. La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de abril de 2010, se llevó por delante una docena de leyes y reales decretos, entre ellas la del Tercer Canal.

Creada en 1983, esta norma propició el nacimiento de las emisiones autonómicas. La televisión vasca ETB y la catalana TV3 fueron las primeras en salir al aire. Más tarde se adhirió la de Galicia. Estos tres entes públicos se constituyeron como una herramienta fundamental para el desarrollo de la lengua propia de cada una de estas comunidades.

En una segunda etapa se pusieron en marcha los entes de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y más recientemente nacieron los de Canarias, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Extremadura.

La LGCA de 2010 recoge expresamente el carácter público de los canales autonómicos. Los socialistas quisieron blindar en esta ley a los entes regionales para evitar su privatización.

Algunos presidentes autonómicos, como Esperanza Aguirre (Madrid) y María Dolores de Cospedal (Castilla-La Macha), se ha mostrado favorables a la privatización de Telemadrid y de la televisión castellano-manchega. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña y el Ejecutivo valenciano son partidarios de mantener el carácter público de estas compañías.

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