El PP saca la inmigración de su discurso en Salt
Sánchez-Camacho presenta su programa de seguridad y la cadena perpetua revisable en la población gerundense que tiene un 45% de inmigrantes
Las omisiones también comunican. Esta mañana en Salt (Girona) Alicía Sánchez-Camacho, la presidenta del Partido Popular (PP) en Cataluña, ha evitado vincular inmigración y delincuencia al presentar el programa contra la inseguridad. “Estamos en Salt porque es el día que tocaba”, ha explicado Sánchez-Camacho. El giro a lo políticamente correcto resulta curioso después de que la población gerundense haya sido en las últimas campañas la punta de lanza popular para precisamente fundir ambos conceptos. Una táctica que en sitios como Badalona (Barcelona) han dado buenos resultados electorales. Ahora el asunto va de buscar votos en el centro político.
Sánchez-Camacho, que está en Girona arropando a Enric Millo, cabeza de lista popular por la provincia, ha aprovechado para visitar un mercadillo de la población, que tiene un 45% de población inmigrante de 80 nacionalidades diferentes. A preguntas de los periodistas de por qué ha escogido Salt para presentar sus propuestas de seguridad, se ha refirido a las quejas de los vecinos respecto al aumento de la delincuencia y a las “noticias publicadas que nos llegan sobre la multirreincidencia”. Una de estas informaciones, publicada ayer por La Vanguardia, aseguraba que “el departamento de Interior tiene muy claro que el principal problema de inseguridad con que se enfrenta en Salt es el de los menores extranjeros dedicados al delito callejero”.
La líder del PP se ha quejado de que le acusen de fundir inmigración y delito “sin ni siquiera haber hablado” y ha asegurado que “Salt es una prioridad” y que “es una de ciudades que sufre de una mayor inseguridad ciudadana". La hemeroteca de cómo los populares relacionan ambos conceptos es extensa. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tuvo que comparecer ante el juez por unos folletos de corte xenófobo que atacaban al colectivo gitano rumano. Por su parte Alberto Fernández Díaz, el presidente del PP en Barcelona, ha utilizado los disturbios que han ocurrido entre inmigrantes y nacionales en Salt para señalar al barrio del Raval, otro de los sitios de Cataluña con más concentración de inmigrantes. Según Fernández Díaz, esos enfrentamientos "se pueden repetir en zonas como el barrio del Raval de Barcelona, donde casi la mitad de la población es inmigrante y de religión musulmana".
El PP, según ha explicado Sánchez-Camacho, ha asegurado que “delinquir no puede salir gratis” y ha dicho que su partido realizará, de llegar a La Moncloa, una profunda reforma del Código Penal, pues el actual “no es lo suficientemente duro”. También ha abogado por un registro nacional que permita poner fin a los delicuentes multirreincidentes y de promover la cadena perpetua revisable. Actualmente en España los delitos más graves reciben una pena de 40 años y existe el cumplimiento íntegro de condena.
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