Fabra comparece para tranquilizar a los proveedores que no cobran

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, compareció ayer ante los medios de comunicación para trasladar un mensaje de tranquilidad a los proveedores de bienes y servicios de la Generalitat que acumulan retrasos en el cobro de facturas pendientes. Fabra aprovechó sus primeros 100 días al frente del Consell para comparecer tras la reunión semanal del Gobierno y dar la cara ante los medios de comunicación por el malestar existente en distintos colectivos sociales. “Estamos dedicados en cuerpo y alma para encontrar, lo más rápidamente posible, una solución y poder dejar de generar esa tensión y ese sufrimiento que están teniendo tantos colectivos”, aseguró el presidente. Fabra, en una actitud no vista en sus antecesores, pidió “disculpas” a quienes soportan los incumplimientos de la Generalitat.

Fabra admitió los graves problemas de tesorería y prometió que con las próximas emisiones de deuda y la emisión de los bonos patrióticos de la Generalitat se hará frente al pago de los proveedores.

Así, el jefe del Consell anunció que la cantidad de bonos patrióticos que se emitirán dependerá de una reunión que mantendrán la semana que viene los consejeros de Economía de las comunidades autónomas con el Ministerio de Economía, aunque la emisión será superior a los 1.700 millones de euros. “Creo en la identificación de la sociedad valenciana con su territorio y sus instituciones”, declaró Fabra, “y ahora es necesario contar con la sociedad para cubrir esa necesidad” [de pagar a los proveedores].

Las protestas de distintos colectivos sociales que acumulan impagos se han recrudecido en las últimas semanas, justo en vísperas de la campaña electoral del 20-N.

El Consell cambia la ley

El jefe del Consell responsabilizó de la situación financiera de la Generalitat al Gobierno socialista, aunque destacó su esfuerzo por “buscar la normalidad y que se vuelva a hablar de la Comunidad Valenciana en positivo”. En este contexto, Alberto Fabra resaltó también su esfuerzo por tejer “alianzas estratégicas” con otras comunidades autónomas en temas como el corredor mediterráneo. “Ahora se nos plantea un escenario en el que pueden cambiar muchas cosas y buscaremos la situación de liderazgo que ha tenido siempre la Comunidad Valenciana”, indicó.

Las declaraciones de Fabra fueron replicadas horas después por el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que aseguró que tras los 100 primeros días de gobierno del presidente de la Generalitat hay “más paro, liquidación del sistema público educativo y sanitario y muchas mentiras”. “El talante negociador del presidente de la Generalitat era todo mentira”, recalcó Alarte.

Ayer el pleno del Consell aprobó también un decreto ley de Medidas Urgentes a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas sin esperar a consensuar con la oposición un pacto en esta materia.

La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, explicó que el nuevo decreto ley convertirá a la Generalitat en “interlocutor único” de todos aquellos que presenten un proyecto que tenga interés estratégico para el Consell.

El decreto, que modifica también la legislación autonómica urbanística y de vivienda, es en realidad un superinstrumento que permite acelerar grandes proyectos —la consejera citó el corredor mediterráneo, pero también será aplicable a proyectos de parques temáticos o grandes centros comerciales— sin necesidad de contar con los Ayuntamientos, ya que permitirá que no se tengan que revisar los planes generales de ordenación urbana existentes. La nueva herramienta, que permitirá tramitar en poco más de un año todo el papeleo para que las máquinas empiecen las obras, es aplicable a toda clase de proyectos (públicos, privados o mixtos), en cualquier tipo de suelo y de cualquier naturaleza (infraestructuras, terciario, instalaciones rurales). Además, se rebajan los avales a los promotores del proyecto.

Según la consejera Bonig, hay inversores españoles y extranjeros interesados en la Comunidad Valenciana y se podrían movilizar unos 50.000 millones de euros y unos 20.000 empleos con proyectos que ahora sufren dilaciones de varios años. El decreto permite también al Consell suspender proyectos de actuación urbanística (PAI) si fuese necesario o dividirlos por fases.

Por otra parte, el Consell avaló ayer con 27 millones a FGV y con 33,5 al Ente Gestor de Transporte.