El PP se enzarza en una guerra interna por el agua

El Partido Popular se ha embarcado en una guerra del agua entre sus barones. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que dirige la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, ha llegado incluso a pedir que se suspendan los últimos envíos de agua al Segura decididos por el Ministerio de Medio Ambiente por "dañar los intereses legítimos de la comunidad en materia de aguas”, y los populares de Aragón sacan pecho de que el trasvase del Ebro "es un sueño de Valencia, pero los sueños sueños son".

El equilibrio de poder en el PP se desplaza. Durante ocho años, Valcárcel y Camps reclamaron el trasvase del Ebro y consiguieron hundir a los socialistas en sus comunidades con el discurso del agua. Enfrente de esa posición trasvasista estaban Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha, gobernados por el PSOE. Los populares de esas comunidades navegaban como podían. Pero ahora, con Cospedal y Luisa Fernanda Rudi en el poder, ya pueden plantar cara abiertamente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha reclamó el pasado 5 de septiembre al Ministerio de Medio Ambiente que suspendiera el trasvase de hasta 270 hectómetros cúbicos para seis meses aprobado el 5 de julio, por considerar que supera lo previsto en las normas del trasvase. Con esa decisión, el Ministerio rozaba el máximo legal que se puede trasvasar (600 hectómetros cúbicos al año), aunque con el nuevo sistema de explotación los regantes del Segura tienen que justificar cada vez cuánto necesitan.

El recurso de Cospedal, adelantado hoy por La Verdad de Murcia, va firmado por la consejera de Fomento de Cospedal, Marta García de la Calzada. Este diario ha intentado sin éxito obtener la versión de ese departamento. Oficialmente, el PP nacional negó que exista un enfrentamiento y afirmó desconocer el documento.

El Ministerio de Medio Ambiente ha acogido el escrito con sorpresa y regocijo, consciente de que el PP se instala con él en un enredo notable. Su lectura es que la secretaria general de un partido trasvasista considera excesivo un envío cuando los embalses de cabecera están mucho mejor que hace unos años. Los embalses de los que parte el trasvase tienen 1.067 hectómetros cúbicos, cuando la media de los últimos cinco años en esta fecha es de 472. Si, como parece, el otoño acaba en sequía la discrepancia no hará más que crecer. Además, considera que Castilla-La Mancha ha incurrido en un error de bulto, pues quiere aplicar una norma de explotación que fue cambiada para beneficiar a esa región, al mantener el agua más tiempo en los pantanos de Guadalajara.

La preocupación de los agricultores del Segura

El texto, de dos folios, cayó como una bomba entre los agricultores del Segura. "Al suelo que vienen los nuestros", resume José Manuel Claver, presidente del sindicato de regantes del trasvase. "Estoy desolado. Parecía que la cosa podía cambiar con el PP en Castilla-La Mancha, pero llegan en el mismo plan. Nos sorprende la actitud de Castilla-La Mancha, las declaraciones de Aragón y lo de que ahora aceptan las desaladoras". Claver insiste con tino: "La presidenta de Castilla-La Mancha es también la secretaria general del PP, lo que incluye a los populares de Valencia y Murcia, que le dan muchos votos al partido" y pide a Rajoy que "ponga orden y resuelva en el tema del agua con criterios técnicos".

José Antonio Ruiz Vivo, portavoz popular en la Asamblea de Murcia, intenta evitar el conflicto: "Para nosotros el Tajo-Segura es irrenunciable. Nos quedamos con la posición de Cospedal de que quiere un consenso y estoy convencido de que no será un talibán del agua como era Barreda". Juan Guillamón, ingeniero experto en agua y diputado autonómico del PP en Murcia -aunque independiente-, va más alla, al considerar que el escrito de Castilla-La Mancha es "parte de la estrategia interesada de crear problemas en el territorio". "Tenemos ya un problema político y con esta perversidad territorial no vamos a ningún lado", concluyó.

Miguel Ángel Sánchez, de la plataforma en Defensa del Tajo en Talavera (Toledo), interpretó: "Está claro que el equilibrio dentro del PP se está desplazando. Han intentado llevar el problema interno con el menor ruido posible hasta las elecciones, pero les va a resultar imposible".

El trasvase del Tajo es un problema creciente para el Segura. Por un lado en la cuenca cedente crece la oposición: el PSOE ha hecho bandera de ello, el PP recurre, ha habido enormes movilizaciones en Talavera, Madrid reclama su parte de abastecimiento del Tajo y en Portugal los ecologistas presionan cada vez más para conseguir mayores caudales desde España. Además, cada vez hay menos agua, y contra eso no se puede luchar. El borrador de plan de cuenca del Tajo desvelado por este diario resalta cómo la entrada de agua en la cabecera del Tajo ha caído un 47% en el periodo 1980-2006 respecto al 1959-1979, cuando se diseñó la obra. Al aumentar el abastecimiento a Madrid y los caudales ecológicos y trasvasar parte del agua al Guadiana, según los técnicos, solo en años excepcionalmente lluviosos quedaría caudal para los regadíos. Estos plantean reducir drásticamente el trasvase, del que beben 2,5 millones de personas.

El 'no' de los aragoneses

La bronca interna por el Tajo se suma a la escaramuza por si se incluía el trasvase del Ebro. La semana pasada lo anunció el diputado por Murcia Andrés Ayala: "Retomaremos el Plan Hidrológico Nacional, porque el Plan Hidrológico Nacional entre otras cosas no solo contenía el trasvase del Ebro". El valenciano Esteban González Pons insistió en que el PP "no ha abandonado la idea del trasvase".

Ambos fueron rápidamente desmentidos desde Aragón. El vicesecretario de Organización del PP en la comunidad, Roberto Bermúdez de Castro, declaró que en el programa no iría "ni una coma" sobre eso e ironizó: "Entiendo que algunos compañeros, en otras circunscripciones, tengan sueños, pero los sueños, sueños son". El trasvase, añadió, se va a quedar "como un sueño del PP de Valencia".

En 2008, tras un enconado debate, el PP incluyó en su programa electoral que el compromiso de "transferir los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias a las deficitarias". Los términos son importante. No aparecía el trasvase. Y es lo mismo que quedará en el actual. La postura oficial es que deben convivir las desaladoras y los trasvases.

El PP en Levante asume que es inviable el enorme acueducto planteado. "No se puede hacer como se concibió. Si en Tortosa es fiesta local el día que se derogó", explica Guillamón. Este añade que no cejarán en el empeño de que "agua del Ebro llegue a la comunidad de Murcia". Hay conducciones estudiadas a Castellón y luego está el trasvase Júcar-Vinalopó que permitirían llevar agua hacia el sur, pero no serían los 900 hectómetros cúbicos del derogado trasvase del Ebro. Ni siquiera se acercaría a esa cantidad. El PP asume que no conseguiría financiación europea para la obra.

Ahora, Valcárcel y Fabra deberán gestionar el previsible descontento de sus votantes, pues llevan ocho años acorralando al PSOE por la derogación del trasvase hasta hacer de Valencia y Murcia dos de los principales graneros de votos del PP. Fuera de allí es difícil comprender el peso que tiene el agua en la política. En cualquier Ayuntamiento de la Región de Murcia gobernado por el PP -la mayoría- hay enormes pancartas con el lema Agua para todos. El trasvase del Tajo, que abrió en 1979, llevó prosperidad y la gente siente que en una tierra fértil pero seca el agua de fuera crearía riqueza. Y eso son votos.