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Un diputado de ICV rechaza declarar ante Velasco para no criminalizar el 15-M

Boada no quiere ayudar a la derecha a cargar contra los indignados por el cerco al Parlament

El portavoz de Solidaritat declarará ante el juez pero avisará que lo hará en catalán

El diputado Joan Boada durante el bloqueo al Parlament.
El diputado Joan Boada durante el bloqueo al Parlament.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco citó ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a otros nueve diputados para que declaren el próximo 14 de diciembre por el acoso que sufrieron durante el cerco al Parlamento catalán el pasado 15 de junio. Uno de ellos, el diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), Joan Boada, a quien algunos indignados arrojaron varios objetos cuando intentaba acceder a la Cámara, ha afirmado en su bloq que no los hechos no deberían ser juzgados y que no quiere comparecer para no contribuir a criminalizar el 15-M.

Boada recuerda que nadie de Iniciativa presentó denuncia pese a los “insultos, escupitajos, golpes y pintadas” que sufrieron algunos de sus miembros. “No deberían ser juzgados. Se ha querido aprovechar unas actuaciones muy desagradables y minoritarias para criminalizar un movimiento que ponía y pone en cuestión algunas de las decisiones de la política y del mundo de las finanzas”, dice Boada que tacha la Audiencia de “organismo judicial obsoleto que debería ser anulado”. El diputado añade que tanto él como su compañero, el parlamentario Salvador Milà, enviarán una carta al juez para decirle que no tienen nada más que añadir pero que si insiste en la citación “iremos por obligación”.

Las imágenes de Boada entrando a la carrera en el Parlamento catalán dieron la vuelta al mundo. El diputado reconoce que ha habido y un antes un después en su carrera política tras el ataque que sufrió. “Ví en algunos agresores los ojos del fascismo”, dijo en su momento describiendo como le arrojaron botellas de vidrio y latas llenas. Igual que entonces, Boada continúa culpando al consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, de organizar un dispositivo policial deficiente que propició el acoso. “No queremos colaborar con sectores de la derecha catalana a criminalizar el movimiento de los indignados”, añade.

Mientras los ecosocialistas aguardan a que su misiva tenga éxito, otro diputado citado, el portavoz de Solidaritat en el Parlamento, Alfons López Tena, ha anunciado que declarará en catalán ante el juez porque le ampara, dice, el artículo 9 de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias. Igual que Boada, el que fuera miembro del Consejo General del Poder Judicial, recuerda que él no ha presentado ninguna denuncia y que la Fiscalía, la Generalitat y el Parlamento, que actúan como acusación, deberían haber pedido que el caso se juzgue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El presidente Mas declarará pero lo hará por escrito o desde su despacho. Felip Puig ha afirmado que los servicios jurídicos de la institución "tienen claro" que Mas testificará por una de esas dos vías. "Quiero interpretar que el presidente de la Generalitat (a diferencia del resto de diputados) no tiene que desplazarse fuera del país", ha manifestado Puig, que ha agregado: "Hay que hacer todo lo que diga el juez después de que el trámite judicial dejara de estar en manos estrictamentede la policía y la fiscalía del país".