Qué hacer ante secuestros terroristas

Afirmar que, cuando hay conciudadanos secuestrados por alguna organización terrorista, es siempre inmoral que las autoridades de países democráticos se impliquen en la negociación de un rescate por su liberación, supone cuando menos no haber leído a Max Weber. Hablar de moralidad es hacerlo de cuestiones éticas y de lo que se debería o no se debería hacer. También en situaciones tan extraordinariamente complicadas como la que en estos momentos tienen ante sí nuestros gobernantes, al verse obligados a afrontar el probable hecho de que cuatro españoles hayan sido tomados como rehenes por terroristas de orientación yihadista que operan en el Norte y Este de África. Situaciones ante las que, sin embargo, no parece que haya una única manera de tomar decisiones basadas en principios morales, ni tampoco es razonable atribuir una superioridad moral absoluta a un curso de acción sobre el contrario.

Max Weber, el clásico sociólogo alemán de la política, distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Mientras que con la primera aludía a una relación de carácter deontológico entre valores y acción política, con la segunda subrayaba una correspondencia de índole finalista entre la acción política y sus efectos. Aplicando una ética de la convicción, no cabe utilizar la misma racionalidad mediante la cual se eligen determinados medios para seleccionar un fin concreto. Recurriendo a una ética de la responsabilidad, la acción política adquiere su sentido en atención al entendimiento objetivo de sus posibles consecuencias reales. Es inviable pretender que, en todo momento y lugar, una de esas éticas esté por encima de la otra. Menos aún cuando se trata de decidir qué hacer ante secuestros terroristas, pues ni los valores ni los efectos de la acción política que eventualmente se emprenda son únicos e incuestionables.

¿Cuál sería, en este sentido, el valor subyacente a una actuación gubernamental que aborde el secuestro de compatriotas por parte de grupos y organizaciones terroristas en base a una ética de la convicción? Muchos dirán que la respuesta está clara. Dirán que los terroristas se conducen ilegalmente y que, por consiguiente, las legítimas autoridades de un Estado democrático de derecho nunca deben negociar directa o indirectamente con ellos. Incluso si no existen medios alternativos eficaces para liberar a los rehenes. Pese a que ello difícilmente evitará que estos sean asesinados, dirán además que ceder a sus pretensiones supondría fomentar que repitan similares atentados y contra blancos de la misma nacionalidad. Elegir no negociar es, desde luego, una opción de principios coherente. Pero su robustez no puede predicarse con igual contundencia de los resultados anticipados. Negarse a negociar no garantiza evitar que los secuestradores reincidan. Tampoco es inevitable ni inexorable que lo acaso obtenido por los secuestradores a cambio de liberar a sus rehenes llegue a ser utilizado en el futuro para el mismo tipo de crímenes.

Si el uso específico que los terroristas hagan de la contrapartida que reciban por liberar a sus rehenes es lo suficientemente indeterminado, ¿no habría entonces que actuar políticamente de acuerdo con una ética de la responsabilidad? A este respecto, muchos otros dirán que preservar la integridad física y el derecho a la vida de los secuestrados debe ser el fin de la acción gubernamental, justificando que se introduzcan los medios adecuados para la consecución de dicho objetivo, incluyendo la provisión de fondos que permitan el rescate. En este supuesto, el fin no podría justificar decisiones cuya implementación menoscabe el orden social, erosione la estabilidad institucional o fuerce a modificar la política nacional o exterior de un Gobierno democrático. Aquellos medios pueden coincidir con los de las agencias estatales de seguridad, si los secuestros ocurren en el territorio nacional. Pero en ausencia de tales medios para intentar la liberación de los rehenes y limitadas o impracticables otras iniciativas unilaterales o multilaterales en el caso de que se encuentren fuera de nuestras fronteras, la opción de negociar un rescate sería moralmente aceptable.

Aunque entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad existe una tensión inevitable, no son opuestos irreconciliables. Max Weber insistía en combinar ambas y apelaba para hacerlo a los políticos de vocación que tienen ideales y al mismo tiempo son realistas. En este sentido, hay que congratularse de las reacciones del Gobierno y de la oposición ante los recientes secuestros de cooperantes españoles en Kenia y el Sáhara occidental, previsiblemente por individuos relacionados con organizaciones terroristas de orientación yihadista. La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, ha definido los términos de la prioridad gubernamental: “Lo que nos importa es que cuanto antes los cooperantes puedan ser liberados”. Por su parte, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado: “Apoyamos todas las gestiones que pueda hacer el Gobierno de España para su liberación”. Llegados a este punto, es menester confiar en ellos sin necesidad de haber leído a Max Weber.

Fernando Reinares es catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.