Los partidos evitan incluir a imputados en sus listas pero no abordan la corrupción

La corrupción ha servido de arma arrojadiza durante la legislatura que ahora acaba. Sigue siendo un hándicap para quienes la padecen y ocasión de crítica voraz para sus oponentes. La larga lista de imputados que reflejaban las candidaturas a las elecciones autonómicas celebradas en mayo tiene su contrapunto en el más restringido número de personas que, de momento, optan a un puesto en el Congreso o en el Senado. Ante la mala imagen que otorga la tolerancia sobre la corrupción y los votos que resta, los partidos han optado por evitar la inclusión de imputados en sus listas. Ninguna de las comunidades más señaladas por casos de corrupción, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid incluyen imputados en las candidaturas. En Baleares, donde la mancha de la corrupción se extiende por todas las islas, la lista del PP de Ibiza al Senado sí incluye un imputado.

Sin embargo, el debate público que desatan los casos de corrupción y la loa a la transparencia no es proporcional a la atención que le prestan los partidos, al menos los mayoritarios, en las bases de los esbozados programas electorales. El PSOE sí lanzó unas premisas en su conferencia política. Más complicado resulta adivinarlas en el PP, donde el programa electoral es todavía una incógnita.

Los socialistas debatieron, fundamentalmente, dos iniciativas: el acceso a la información pública y el control estatal del urbanismo, principal foco de los casos de corrupción.

En el programa presentado en mayo, el PP incluyó la creación de un “portal de la transparencia” para incluir los nombres y la remuneración de todos los “altos cargos y puestos de confianza”. Sin embargo, no solo aún no se ha llevado a cabo, sino que algunos dirigentes del PP han puesto más que trabas para hacer públicas sus remuneraciones.

Izquierda Unida ha planteado una propuesta que precisaría de una reforma constitucional, ya que apuesta porque los cargos públicos se sometan a unas segundas elecciones a mitad de mandato, en el caso de que un grupo de ciudadanos o un partido recogieran un número suficiente de firmas para pedirlo. También la recién formada Equo ha expuesto la necesidad de que los partidos paguen por sus miembros corruptos de manera que, si un cargo público se ve envuelto en un caso de corrupción que le cueste una multa o las costas judiciales, su partido tendría que pagarlas también.

Transparencia Internacional insta a los partidos a cumplir un mínimo de diez puntos

El caso es que ninguno abarca las diez medidas marcadas por la organización Transparencia Internacional en el “decálogo de transparencia e integridad”, que recalca la necesidad de que los distintos partidos políticos asuman los principios y medidas recogidas. Como “urgente” califica la organización la tramitación de una ley de transparencia y acceso público a la información para el que otorga un plazo de seis meses. Además, aboga por la creación de un portal de transparencia pública con los datos básicos de los más de 20.600 órganos, instituciones y empresas que integran el sector público español. Entre otras cosas, insta además a la promoción de un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG,s, asociaciones empresariales y medios de comunicación que “genere aquellas medidas que refuercen las sanciones y aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del gobierno”.

La exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción es otro de los acuerdos por los que apuesta la organización que, en esta ocasión, para las próximas elecciones generales, parece en una de las pocas recomendaciones que siguen los partidos.