Zanahorias y palos para el fin de ETA

El acoso policial y judicial se ha mezclado en la última década con los gestos de acercamiento del Gobierno a la banda. Nada tuvo éxito durante años hasta que los etarras se vieron acorralados

Francisco Javier López Peña, 'Thierry', tras ser detenido en Burdeos en mayo de 2008.
Francisco Javier López Peña, 'Thierry', tras ser detenido en Burdeos en mayo de 2008.PATRICK BERNARD (AFP)

En el caso de que este sea, de verdad, el final de ETA, ¿qué es lo que ha acabado con ella? ¿La mano dura o la blanda? ¿La acción policial y judicial o el diálogo? ¿La banda echa la persiana porque ha sido acorralada, frita a detenciones, o porque su fatal actitud en los “procesos de paz” la alejó definitivamente de su menguante base social? En la última década, la de su declive, ambas vías, la de acoso y la de acercamiento por parte del Gobierno, se han cruzado. Todo se ha intentado. Ahora es el momento de las interpretaciones.

» La ley de Partidos. Se venía del fracasado diálogo de 1999. El presidente José María Aznar se había avenido a llamar a ETA “Movimiento Vasco de Liberación”, los enviados de su Gobierno se habían sentado a una mesa con los etarras manifestando que no habría “ni vencedores ni vencidos”, 133 presos habían sido acercados a cárceles próximas a Euskadi antes y durante la tregua... pero nada había sido suficiente. La banda había roto las conversaciones al constatar que no se le iban a hacer concesiones políticas. Así que la siguiente década empezó con un giro de tuerca dirigido a una de las líneas de flotación de los terroristas: su brazo político. El Congreso de los Diputados aprobó el 27 de junio de 2002 la nueva Ley de Partidos, diseñada por el Gobierno del PP y apoyada por PSOE, CiU, Coalición Canaria y el Partido Andalucista.

El artículo 9.2 autoriza a ilegalizar un partido “cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”. Dos meses después, amparándose en ella, el juez Baltasar Garzón ordenó la suspensión de las actividades de Batasuna y el cierre de sus sedes.

» Ilegalización de Batasuna. El Tribunal Supremo ilegalizó Batasuna, por unanimidad y a instancias del Ejecutivo, en marzo de 2003. Los jueces consideraron probado que la creación del partido, se llamase HB, EH o Batasuna, respondía a un “único designio”, el de ETA. Su decisión, tachada de “grave atropello” por el PNV, sería confirmada por el Constitucional en 2004 y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009.

» Endurecimiento del Código Penal. En 2003 el Código Penal español se convirtió en uno de los más duros de Europa: PP y PSOE pactaron una reforma que elevaba a 40 años la pena máxima por los delitos más graves de terrorismo y restringía también el acceso al tercer grado y la libertad condicional. Ya en 1995, con Gobierno del PSOE, se había eliminado la redención de penas por trabajo y así, de hecho, se había establecido el cumplimiento íntegro de la pena. Pero la reforma de 2003 fue la puntilla: los etarras condenados a partir de esa fecha por delitos de sangre —si no se decide ahora otra cosa— tienen la perspectiva de pasar prácticamente toda su vida en prisión: les pueden condenar hasta a 40 años y solo cumpliendo estrictos requisitos pueden acceder al tercer grado.

» Doctrina Parot. Ninguna de esas reformas afectaba a algunos de los etarras más sanguinarios, detenidos y condenados con el Código Penal anterior —el de 1973— por atentados cometidos en los años setenta, ochenta y noventa. Por eso, a principios de esta década a muchos de ellos les tocaba salir de prisión, habiendo cumplido unas penas ridículas —por aplicación de redenciones y beneficios penitenciarios— en comparación con las condenas recibidas. A esa situación intentó poner freno el Tribunal Supremo el 28 de febrero de 2006: en respuesta a un recurso presentado por Henri Parot, el Supremo resolvió que la redención de penas debe aplicarse respecto de cada una de ellas individualmente, y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión (de modo que, de facto, la redención se anula). La llamada desde entonces doctrina Parot mantiene en prisión a 41 presos de ETA —y a otra veintena de recursos no etarras—, que vieron multiplicada de pronto su condena efectiva. Muchos de ellos la han recurrido en amparo ante el Constitucional.

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» El ‘caso De Juana’. José Ignacio de Juana Chaos, uno de los mayores criminales de ETA, había sido detenido en 1987 y condenado a 3.000 años de prisión por 25 asesinatos. Acogiéndose a todas las redenciones del Código Penal antiguo, le tocaba salir en febrero de 2005, habiendo cumplido solo 18 años. Para evitarlo, la Audiencia Nacional le imputó un nuevo delito de amenazas terroristas por dos artículos publicados en el diario Gara, por el que fue condenado a 12 años más (reducidos luego a tres años). En agosto de 2006 inició una huelga de hambre; la interrumpió, la retomó de nuevo. Llevaba 115 días sin comer cuando el Gobierno decidió concederle, en marzo de 2007, en medio de una gran tensión política y social, la prisión atenuada (libertad bajo vigilancia policial en su domicilio).

El PP acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de ceder al chantaje de un terrorista para seguir negociando con ETA. El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo en el Congreso: “Es verdad que De Juana planteó un desafío: ‘O libre o muerto”. Y añadió: “La decisión que hemos tomado es una decisión que evita muertes”. En plural. De Juana, encausado después por presunta apología del terrorismo, huyó en 2008.

» El diálogo de 2006: la paz... y la política. “Con ETA no se hablará de política: primero la paz, después la política”, afirmó con solemnidad el presidente Zapatero en abril de 2006, tras anunciar que, una vez comprobada la veracidad de la tregua, abriría un proceso de diálogo con ETA. El Gobierno no acercó presos a las cárceles vascas —como sí hizo el PP en 1999— ni paralizó las detenciones de etarras. Pero en el llamado “proceso de paz”, sostenido por el Ejecutivo a pesar a las críticas continuas del PP y las manifestaciones en la calle de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se acabó hablando de política. La constitución en Loyola (Navarra) de dos mesas paralelas, una para hablar con la dirección de ETA y otra para tratar asuntos políticos con Batasuna, constituyó el último intento de salvar el proceso, pero traicionó el compromiso original del presidente. De política se habló, aunque finalmente no hubo concesiones. ETA y Batasuna se levantaron de la mesa cuando entendieron que ni se reconocería el derecho de autodeterminación ni se dictaminaría la unión de Euskadi y Navarra.

La banda acabó con la tregua el 30 de diciembre de 2006 colocando una bomba en Barajas que mató a dos hombres. Las negociaciones, sin embargo, no terminaron: siguieron, de forma secreta, en los primeros meses de 2007. Cuando, de nuevo frustrada por la falta de acuerdo, ETA puso fin oficial a la tregua, a la decepción del Gobierno se unió la de una parte del entorno de la banda: el sector menos duro de Batasuna, cansado de la ilegalidad.

» La ofensiva policial. Desde el año 2000 han sido detenidos 1.393 etarras (aunque en prisión hay 703, porque muchas detenciones no acaban en juicio ni condena, y otros van saliendo). La banda terrorista ha sido descabezada en varias ocasiones y cada vez con menos tiempo para recomponerse. La presión ha ido a más. Entre mayo de 2008 y mayo de 2010 —tras el fracaso de la tregua y el proceso de diálogo—, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asestaron cuatro golpes estratégicos a la dirección de ETA, con la detención de cuatro jefes que se habían ido pasando, como un relevo, las riendas de la banda. En mayo de 2008, la policía detuvo a Javier López Peña, Thierry. Solo seis meses después cayó uno de los terroristas más buscados, que se había puesto al frente de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki. Y en abril de 2009 fue capturado Jurdan Martitegi. El año pasado le llegó el turno al jefe Mikel Kabikoitz, Ata. Desde entonces, la banda terrorista se ha movido con muchas dificultades, asfixiada económicamente y con apenas 50 o 60 miembros en activo, según fuentes policiales.

» ANV sí, ANV no: el frente electoral y la ‘solución Bildu’. Desde el minuto uno de su ilegalización, Batasuna puso en marcha la estrategia de montar, impulsar o infiltrarse en listas blancas para poder seguir presentándose a las elecciones: AuB, Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak... Todas fueron anuladas por los tribunales. En las autonómicas de 2005 llegó el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que consiguió colarse (fue ilegalizado a posteriori, en 2008). Y en las municipales de 2007 apareció Acción Nacionalista Vasca (ANV). Ahí se produjo un punto de inflexión: el Supremo anuló solo la mitad de sus listas, porque el Gobierno —que en ese momento mantenía los contactos con ETA, según se supo luego— solo había impugnado la mitad. ANV fue ilegalizada en septiembre de 2008, pero sus alcaldes y concejales ya tenían el escaño en propiedad.

La solución definitiva, para Batasuna, se llamó Bildu. Una coalición de “independientes” abertzales con dos partidos legales (EA y Alternatiba) que no pasó el filtro del Supremo pero sí, por la mínima, el del Constitucional. Con esa fórmula concurrió a las municipales de este año y logró el mayor poder atesorado en su historia. La presión de Batasuna sobre ETA para que deje las armas se hizo entonces, de pronto, visible.

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