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La exdirectora de la CAM se apunta al paro tras asignarse una pensión

El PP valenciano apoya crear una comisión de investigación sobre la caja

Dolores Amorós, en una imagen del pasado julio. Ampliar foto
Dolores Amorós, en una imagen del pasado julio.

La exdirectora general de la intervenida Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós se apuntó el viernes en las oficinas del Servicio Valenciano de Empleo (Servef), como demandante de empleo, paso previo para poder solicitar la prestación por desempleo, que en su caso podría rondar los 1.400 euros mensuales. La iniciativa de Amorós, según han confirmado fuentes socialistas y sindicales, se produce tras su despido fulminante y sin indemnización el pasado 26 de septiembre por parte del Banco de España.

Los actuales administradores de la entidad, tres interventores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), echaron a la exdirectiva por asignarse una pensión vitalicia de 370.000 y “maquillar” los balances de la caja, en concreto los resultados del primer trimestre de 2011. Amorós pactó la pensión vitalicia con el expresidente del consejo de administración Modesto Crespo, quien además le subió el sueldo hasta los 600.000 euros. Y todo ello a espaldas a los órganos de control de la caja alicantina.

Tras su despido, Amorós anunció que recurría a los tribunales para defender sus derechos, incluida la pensión vitalicia y, en paralelo, negó que hubiera cometido una ilegalidad. Días más tarde, la Fiscalía Anticorrupción abrió de oficio diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del despido de Amorós y si esta hubiera incurrido en alguna ilegalidad penal.

La oposición reta a los populares a no vetar comparencias en el Parlamento

Antes del despido fulminante, el pasado 8 de agosto los interventores del FROB ya habían acordado la suspensión temporal y transitoria de María Dolores Amorós en el puesto. Después de la intervención de la caja, el pasado 22 de julio, Amorós se mantuvo de manera oficial en el cargo, pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La suspensión temporal de empleo implicaba que durante ese periodo no percibirá los pluses inherentes al cargo.

El asunto ha llegado a las Cortes Valencianas, donde el PP anunció ayer que apoyará en el pleno de hoy la propuesta de Esquerra Unida del País Valencià de crear una comisión de investigación sobre lo sucedido en la CAM. Lo confirmó ayer el portavoz del Grupo Popular, Rafael Blasco. La comisión de investigación, que cuenta desde el principio con el apoyo de los socialistas que dirige Jorge Alarte, se justifica, según declaró Blasco, porque la situación de la entidad que se ha conocido últimamente “es alarmante”. La comisión deberá “depurar responsabilidades”, según el portavoz del PP, que añadió que su grupo implicará al Banco de España, al que pedirá “explicaciones” sobre cómo se ha llegado a tal situación en la caja alicantina. “Que el Banco de España dé las explicaciones necesarias”, dijo Blasco, que previno, de todas maneras, sobre el hecho de que “la CAM está siendo investigada por la justicia y, por tanto, la comisión de las Cortes no debe interferir en ese proceso”.

Antes del despido fulminante, el pasado 8 de agosto los interventores del FROB ya habían acordado la suspensión temporal y transitoria de María Dolores Amorós en el puesto

El PP ha minusvalorado desde que estalló el escándalo de la CAM, el papel de supervisión del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat sobre las cajas de ahorros y ha derivado al Banco de España la responsabilidad. “Es evidente que el Banco de España ha reaccionado tarde y mal en este caso”, aseguró Blasco. La oposición, en cambio, ha acentuado la presión sobre la Generalitat para que dé explicaciones sobre “el saqueo de la CAM”, en expresión del diputado socialista Francisco Toledo. El grupo de Esquerra Unida, que propuso la comisión, también se ha centrado en el papel de la Generalitat en el control de la caja. Ayer, el diputado de esta formación Lluís Torró retó al PP a “no vetar ninguna petición de comparecencia de la oposición en la comisión de investigación” y a no convertirla en “una pantomima insultante”.