La Audiencia de Girona da por liquidada la hipoteca con la entrega del piso
El auto califica de "enriquecimiento injusto" la actuación de los bancos
Tras el fallo de la Audiencia de Navarra el año pasado, la de Girona acaba de avalar también que la entrega del piso salde la deuda hipotecaria con el banco. Es lo que se conoce como dación retroactiva: la familia se queda sin piso, pero se libra también de la deuda que seguía teniendo con el banco. Los autos de ambas audiencias provinciales, pionero el de Navarra, son contrarios al proceder de la banca y de la legislación hipotecaria española.
El texto de Girona, del 16 de septiembre, da la razón a una familia que, tras ser desahuciada de su piso, que pasó a manos de Deutsche Bank, recurrió a los tribunales para no tener que pagar la deuda de 162.500 euros que tenía pendiente con la entidad. El auto no cita el de de la sección 2ª de la de Navarra, pero igualq ue aquella, afirma: "No puede sostenerse que el producto obtenido por la entidad financiera fuera insuficiente para cubrir el crédito".El auto, que ayer por la tarde hizo público la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ofrece razones jurídicas para sostener que el desahucio ya cancela la deuda. En el apartado de fundamentos jurídicos el texto recuerda cuestiones como que "el banco es la parte fuerte del contrato de adhesión" y que la Ley de Defensa de los consumidores prohíbe que las cláusulas que se incluyen en los contratos sean abusivas. Valiéndose del Código Civil, el texto asegura: "La actuación de la entidad financiera incurre en abuso de derecho [...] y comporta su ejercicio antisocial".
En su día, Deutsche Bank tasó el piso protagonista del auto, ubicado en Salt (Gironès), en 325.000 euros y durante el proceso de ejecución hipotecaria se lo adjudicó en subasta por 162.500 euros, la mitad del valor de tasación. El banco, explica la PAH, sostenía que después de desahuciar a la propietaria -avalada por tres familiares- y quedarse con la vivienda, tenía además derecho a cobrar otros 162.500 euros, la diferencia entre el valor de tasación inicial y el de la subasta.
"De mantenerse el criterio de instancia de Deutsche Bank obtendría un enriquecimiento injusto, ya que después de haber cobrado lo adeudado podría, sin causa justa, obtener otras cantidades que no le corresponderían", afirma el auto de la Audiencia de Girona, que incluso recuerda que toma la decisión que toma "acorde con una decisión justa, que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera de un tribunal de justicia".
La resolución la firman los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Girona, Joaquim Fernández Font, Jaume Masfarré y el presidente, José Isidro. Este último, sin embargo, firma también un voto particular en el que muestra su discrepancia con "el parecer de los demás miembros de la Sala".
La portavoz de la PAH, Ada Colau, celebró ayer que "un nuevo tribunal se sume al clamor a favor de la dación en pago retroactiva". Colau consideró que la decisión judicial, que es firme y no se puede recurrir, es "la aplicación práctica" de la reivindicación del movimiento social que pide la dación en pago y que ha conseguido parar 81 desahucios en toda España. El último, ayer mismo en el barrio de Roquetes de Barcelona.
El abogado y profesor de derecho mercantil Martí Batllori, que también forma parte de la plataforma impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación, entiende que el auto de la audiencia de Girona "apoya una línea jurisprudencial clara" y que "los juzgados de primera instancia que apoyen la dación tendrán ahora más argumentos con el auto de un tribunal de rango superior". "Es una línea que intenta que los tribunales hagan justicia y que refuerza la necesidad de un cambio legislativo", sostiene Batllori.
Tras superar el trámite de admisión en el Congreso de los Diputados, la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la dación en pago está pendiente de pasar por la Mesa del Senado. Sus promotores esperan que los plazos permitan empezar la recogida de 500.000 firmas coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones generales del 20 de noviembre. Falta, además de superar el trámite de la Cámara alta, que la Junta Electoral Central avale el modelo de hoja de recogida de firmas y que los impulsores tengan tiempo material de imprimirlas y distribuirlas, como pretenden, hasta el último rincón.
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