Problema constituyente

Probablemente en la próxima legislatura vamos a encontrarnos de nuevo con el problema de naturaleza constituyente de la inserción de Cataluña y el País Vasco en el Estado español.

En el caso de Cataluña, el origen del problema está en el fracaso de la respuesta que a dicha inserción se le intentó dar mediante la reforma del Estatuto de autonomía. La reforma estatutaria se realizó cumpliendo escrupulosamente el procedimiento previsto tanto por la Constitución como por el Estatuto. Se aprobó por la mayoría cualificada en el Parlamento proponente y se pactó el contenido de la propuesta con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, siendo aprobado dicho pacto por las Cortes Generales primero y por el cuerpo electoral catalán en referéndum después. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional consideró que el pacto entre los dos Parlamentos sometido a referéndum era anticonstitucional en aspectos relevantes. La inserción de Cataluña en el Estado no puede producirse de acuerdo con la voluntad manifestada por los catalanes en el ejercicio del derecho a la autonomía, sino que tiene que hacerse en unos términos considerablemente distintos impuestos por el Tribunal Constitucional. Así es como está resuelto el problema en este momento.

No creo que pueda sorprender a nadie que la consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional fuera situar al nacionalismo convergente fuera del consenso constituyente de 1978. Si nuestra voluntad expresada a través del procedimiento previsto en la Constitución y en el Estatuto no cabe en la Constitución, no podemos considerar la Constitución como propia. La reciente reforma de la Constitución ha venido a reafirmarlo en esa nueva posición. Así lo ha dicho en repetidas ocasiones el president de la Generalitat, la más reciente en el acto de celebración de la Diada en la Residencia de Estudiantes el pasado 12 de septiembre. Y así lo ha dicho también en el Congreso de los Diputados el portavoz del grupo parlamentario de CiU, Duran Lleida. Una vez alterado el pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales refrendado por el cuerpo electoral catalán por la decisión del Tribunal Constitucional y una vez reformada la Constitución de la forma en que ha sido reformada, el nacionalismo convergente catalán ha pasado a considerar la Constitución como algo que se le impone desde fuera.

Independientemente de que se esté de acuerdo o no con la sentencia del Tribunal Constitucional, el hecho cierto es que en Cataluña muy mayoritariamente no se está de acuerdo con la respuesta que a partir de dicha sentencia se da a la inserción de Cataluña en el Estado. La próxima legislatura es la primera que se va a abrir con una Cataluña que mayoritariamente no se siente comprometida con la Constitución en lo que a su lugar en el Estado se refiere.

En el País Vasco la reincorporación de la izquierda abertzale al proceso electoral en el pasado mes de mayo ha alterado significativamente el mapa político. Es previsible que dicha alteración se vea confirmada en las próximas elecciones generales y más todavía en las elecciones autonómicas que se celebrarán un poco más de un año después. Da toda la impresión de que la mayoría parlamentaria PSOE-PP, que sustenta al Gobierno presidido por Patxi López, va a dar paso a una mayoría nacionalista, que, no se puede olvidar, aprobó una reforma del Estatuto de Gernika, cuyo eje central era el llamado derecho a decidir. Dicha reforma no pasó el filtro del trámite de toma en consideración en el Congreso de los Diputados.

El asunto territorial volverá a plantearse a lo largo de la próxima legislatura

Ahora mismo no se está hablando de este tema, porque hay otros más urgentes que están ocupando la agenda política. Pero una vez que se acepte de forma generalizada la tesis del lehendakari de que “el terrorismo, tal y como lo hemos conocido en Euskadi, ha terminado para siempre” y como consecuencia de ello, quede consolidada la participación política de la izquierda abertzale y su ocupación de posiciones de Gobierno, es prácticamente seguro que se volverá a plantear la revisión de la respuesta del Estatuto de Gernika a la inserción del País Vasco en el Estado que, previsiblemente, volverá a girar en torno al derecho a decidir.

El problema territorial va a volver a plantearse a lo largo de la próxima legislatura. Y lo va a hacer en un momento en el que se ha producido un deterioro perceptible en el prestigio del Estado en general y en el del Estado de las Autonomías en particular. Me parece que se debería ir pensando seriamente en una reforma constitucional que abordara el problema de frente y no como lo hicimos en 1978.