La trama corrupta de Alicante vinculada al PP llegó a espiar al fiscal

Los políticos del PP implicados en la rama del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante —la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi— han apostado, como uno de los ejes de su defensa, por desacreditar a los pesos pesados de la acusación, tanto en el ámbito judicial como en el político. Según la investigación judicial, los implicados del PP pusieron su punto mira en el exalcalde de la ciudad, el socialista Ángel Luna, y en el representante del ministerio público, el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

Las últimas diligencias policiales del caso apuntan a José Luis Castedo, hermano de la regidora, como el muñidor de ese trabajo de espionaje. La policía ha hallado sendos informes sobre supuestas actividades irregulares del fiscal Briones y del dirigente socialista Luna en los ordenadores intervenidos en el despacho de Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El primero incluye referencias a las actividades privadas del exregidor alicantino y ahora vicepresidente segundo de las Cortes valencianas; y el segundo, sobre el plan parcial en el que se incluye la vivienda particular de Briones.

El juez que instruye esta causa, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha desestimado incluir los informes en el sumario, por ser ajenos a la investigación.

En el archivo también había informes sobre el socialista Ángel Luna

El bufete Salvetti Abogados se creó en diciembre de 2008, en la recta final de la tramitación del PGOU de Alicante. Según la policía y el fiscal, este despacho tramitó con éxito, gracias a la información privilegiada que recibían del Ayuntamiento, alegaciones al futuro planeamiento que le reportaron una ganancia de un millón de euros. Un informe policial resalta que fue Alperi el que impuso a uno de los promotores con más intereses en el nuevo plan, Enrique Ortiz, que canalizará todas las operaciones a través de la empresa de Castedo y Gutiérrez. En uno de los pasajes del informe, la policía define el despacho Salvetti Abogados como “la oficina paralela de Alperi”.

En el disco duro de los ordenadores intervenidos en el despacho de Castedo y Gutiérrez durante el registro efectuado el pasado mes de abril, la policía halló documentos con información sobre el trámite de distintos programas urbanísticos de la provincia. Uno de los documentos contenía el expediente municipal del Ayuntamiento de Mutxamel sobre la zona donde se ubica la casa de Briones. El archivo, según fuentes del caso, tenía anotaciones personales de José Luis Castedo.

Briones limitó sus comentarios al archivo sobre su casa hallado en el ordenador de Castedo así: “Mi casa es perfectamente legal”. El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, aseguró que no emprendería ninguna acción legal, “porque esos hechos no constituyen ningún delito”.

Mientras, el exalcalde de Alicante Ángel Luna señaló que tampoco había visto el archivo llamado Bob Esponja, relativo a supuestas irregularidades en el desempeño de su actividad privada. No obstante, Luna no descartó que esa información pudiera haber sido utilizada por el PP en la querella contra él por supuestas irregularidades en la reforma de su casa.

Los populares presentaron la denuncia, que luego fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, en plena ebullición del caso Gürtel. En esas fechas Luna era el portavoz socialista en parlamento regional y el azote del entonces presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, cuya imputación en la trama le llevó a la dimisión. “No he visto el informe, pero no descarto que fuera utilizado para esa denuncia. Removieron tierra, mar y aire para intentar encontrarme alguna irregularidad, pero al final se demostró que todo fue un montaje y un despropósito”, dijo Luna.