El PSOE acusa a Castedo de investigar a la oposición y al fiscal

El hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, investigada por su presunta implicación en el caso Brugal, tenía en su poder información sobre el fiscal anticorrupción y el diputado autonómico socialista Enrique Luna. El llamado Informe Bob Esponja, hallado en un ordenador incautado por la policía en el bufete Salvetti Abogados, contenía datos sobre los intereses urbanísticos de Luna, las relaciones del exalcalde con firmas promotoras, entre ellas las del grupo del promotor Ortiz, tras dejar la alcaldía. El juez que dirige la investigación ha descartado incluir ese documento en las diligencias del sumario sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

El diputado socialista comentó ayer que el informe sobre sus actividades privadas durante el período en el que estuvo apartado de la actividad política "forma parte de los ataques que he tenido que venir soportando a lo largo de los últimos años por denunciar las prácticas de corrupción en la Comunidad Valenciana en distintas instituciones". "Estas prácticas de extorsión, que son similares a las que producen algunas organizaciones mafiosas fuera de España, son habituales en los comportamientos, al parecer, de algunos políticos", añadió.

Luna, no obstante, se mostró tranquilo y convencido de que "nunca" van a encontrar irregularidades en sus actividades. "Han pinchado en hueso, porque no tengo ni he tenido jamás intereses urbanísticos", sentenció.

El mencionado Informe Bob Esponja no es la primera referencia sobre el socialista Ángel Luna en el sumario de caso Brugal. En las escuchas telefónicas de la causa también hay conversaciones entre la alcaldesa y el promotor Ortiz en las que la regidora le pide al empresario que le facilite datos sobre supuestas actividades ilícitas del dirigente socialista. "Cosas con las que me pudieran atacar a mí para defender al entonces presidente del Consell, Francisco Camps", precisó Luna.

Las supuestas ilegalidades en la tramitación del planeamiento de Alicante recogidas en el último informe policial sobre el papel del bufete del hermano de la alcaldesa dieron pie ayer a los socialistas a reclamar la paralización del trámite del PGOU. El documento, aprobado ya provisionalmente por el Ayuntamiento, está pendiente del visto bueno por parte del Consell. La portavoz de Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín, anunció que los socialistas pedirán a través de las Cortes Valencianas la paralización del expediente. "Las nuevas investigaciones demuestran que es un plan de saqueo y no se ha basado en los principios básicos del interés general, imparcialidad y objetividad", dijo Martín.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, también se pronunció ayer sobre el último informe policial sobre el PGOU de Alicante y las peticiones de la oposición de que dimitan Sonia Castedo y su antecesor en cargo y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. "Si hubiera hecho caso a la oposición cesando gente, estaría solo", señaló Fabra en alusión a los numerosos cargos del PP sobre los que la oposición reclama que dimitan por supuesta corrupción. Según la policía, Alperi y Castedo ofrecieron a Ortiz información privilegiada sobre el PGOU a cambio de dádivas.

El vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas, el socialista Ángel Luna, acusó ayer a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, de "falta de limpieza" a la hora afrontar su implicación en el caso Brugal (la regidora está acusada por el fiscal de supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana). Las manifestaciones de Luna vienen a colación de un informe sobre supuestos intereres urbanísticos del que también fuera alcalde de Alicante hallado en el registro del despacho de Salvetti Abogados, propiedad del hermano de la regidora, José Luis Castedo, y del exedil socialista Javier Gutiérrez.

Según el informe policial, Salvetti Abogados se constituyó al llegar Castedo a la alcaldía y el 90% de sus ingresos procedieron del exitoso trámite de alegaciones al PGOU, actividad que le reportó una ganancia de un millón de euros.