La Xunta recorta en 120 el número de liberados sindicales

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, lo envolvió en la política de austeridad que predica la Xunta. Un total de 120 liberados sindicales de la Administración autonómica dejarán de disponer de horas libres para dedicarlas a su actividad como representantes de los trabajadores, con un ahorro de cuatro millones de euros al año. Según Rueda, que ayer ejerción de portavoz del Gobierno tras presidir el Consello de la Xunta en ausencia de Feijóo, la medida fue adoptada con el beneplácito sindical. La afirmación es cierta solo a medias: las principales centrales apoyaron el recorte en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación, del que saldrán más de la mitad de los liberados que dejarán de serlo.

No fue un acuerdo del Consello, sino un informe del departamento de Presidencia el que ayer se examinó en la reunión del Gobierno gallego. En el se especifica que el recorte de horas sindicales afectará al equivalente en horas a la jornada anual de 64 liberados en Educación, 45 en Sanidade y 11 en Xustiza. Estas tres áreas de la Administración autonómica concentran el 80% del personal autonómico, formado por unas 90.000 personas, pero menos de la mitad del total de liberados sindicales del comité de personal. Los 120 afectados son por lo tanto alrededor del 20% del total.

“El consenso no es total, pero sí amplio”, defendió Alfonso Rueda. En realidad, el recorte en Educación, que supone más de la mitad del ayer anunciado, resultó el más conflictivo de todos, ya que se efectúa sin ningún tipo de acuero. El secretario general de CIG-Ensino, Anxo Louzao, atribuyó la decisión a “un castigo” de la Consellería de Educación por las movilizaciones del profesorado de estos días. “Es un acuerdo adoptado de forma unilateral por la Xunta”, lamentó el dirigente del sindicato nacionalista, que aseguró que lamedida dejará la actividad sindical “bajo mínimos”.

Comisiones Obreras, mientras, negó haber firmado acuerdo alguno con la Xunta para reducir el número de liberaciones en ningúna de las áreas afectadas. Elcoordinador del Área Pública del sindicato, Ramiro Otero, emplazó al Goberno gallego a constituir una mesa global para negociar esta cuestión. Las declaraciones de Rueda, prosiguió Otero, “no responden a la realidad de los hechos. “La Xunta no nos ha hecho llegar ninguna p ropuesta por escrito, por lo que es falso decir que llegásemos a un acuerdo”, sostuvo.

Según desveló UGT, mientras, eludió la posibilidad de comentar las afirmaciones del conselleiro, aunque un portavoz de la central afirmó que hubo acuerdo en Sanidade y Xustiza, pero no en Educación.

La Consellería de Presidencia sostiene que en Educación no era necesaria la firma de acuerdo alguno, por lo que se procedió a “una regularización derivada de la palicación de los acuerdos vigentes”. El pacto en Sanidade fue suscrito por CESM-Omega, CIG, UGT, CSIF y USAE, pero se desmarcaron Comisiones Obreras y SATSE. Presidencia se refiere en el caso de Xustiza a un “preacuerdo” firmado el pasado mes de agosto. Pese al desmentido de CCOO, la consellería asegura que fue asumido por “todas las centrales sindicales implicadas” y que supone una modificación del acuerdo existente en 2000.

La Xunta enmarca las medidas dentro de un plan de ajuste, que se concretará en la minoración del número de librados institucionales, en la reducción de los liberados derivados de acuerdos específicos en materia de prevención de riesgos laborales y, con especial incidencia, en el recorte aplicado a los liberados por acumulación de créditos horarios.

Los 120 liberados afectados por el recorte suponen, según Alfonso Rueda, el 40% de los 300 efectivos negociables en las tres áreas afectadas, que son los que la Xunta considera que no están blindados por ley. Esta medida “de ahorro”, como la calificó el conselleiro, permitirá a la Xunta dejar de gastar cuatro millones de euros anuales en sustituciones. El conselleiro aseguró que la medida se realiza “en proporción” al número de funcionarios en cada sector y se adopta “con las máximas garantías jurídicas”. El Gobierno gallego, añadió Rueda, aspira a lograr un recorte similar, “de entre el 35% y el 40%, del resto de liberados de la Administración central autonómica, en las negociaciones que se siguen para extender la medida al resto de áreas funcionales.