El juez ve "constitucional" exigir el catalán a los funcionarios en Baleares

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha sentenciado como "plenamente constitucional" que el Gobierno de Baleares de la izquierda y los nacionalistas regulara, en 2008, la exigencia de conocimientos de la lengua catalana en el acceso a la función pública. Los jueces de sala de lo contencioso-administrativo –con tres votos a favor y un voto particular de dos magistradas- consideran que eliminar el requisito representaría "un retroceso natural del proceso de normalización lingüística en que nos encontramos".

La sentencia resalta que no se "quiebra el principio constitucional de igualdad" y rechaza las tesis del sindicato USO que sostiene que el requerimiento del catalán es una disposición desfavorable y restrictiva dederechos individuales. El tribunal resalta que "como todos saben, [el catalán] es el idioma propio de Baleares, de todos sus ciudadanos y entidades" y "resulta plenamente constitucional que se exija su conocimiento para acceder y promocionar en el ámbito de la función y empleo público” en la comunidad.

Los jueces deciden al tiempo que el nuevo Gobierno del PP en Baleares va en sentido contrario porque ha iniciado la rectificación urgente de las leyes y normativas que imponen el conocimiento del catalán en las pruebas para ser funcionario: pasará de ser un requisito a un mérito, excepto para docentes y personas de atención al público.

En el Parlamento balear, en la tarde del miércoles, el PP, con mayoría absoluta, aprobó la proposición no de ley para liquidar, en el ámbito sanitario, la exigencia para el nuevo personal al sistema público de salud. “Se acabaron los disparates fruto de la politización de la Sanidad”, proclamó la diputada del PP balear Catalina Palou.

El grupo que lidera el presidente del Ejecutivo de las islas, José Ramón Bauzá, mantiene que con la actual legislación “los mejores especialistas” sanitarios no acuden a las convocatorias de plazas en Baleares.Los diputados del PSOE y PSM rechazaron esos argumentos y subrayaron que la cuestión lingüística no ha creado conflicto alguno.

El PP señaló que “el requisito del catalán es un obstáculo a la hora de cubrir las necesidades sanitarias de las Islas, sobre todo en el caso de médicos especialistas”. La diputada Palau afirmó que “al paciente le interesa una buena atención médica y evitar listas de esperamás que el idioma en que le trata el personal sanitario”. El ex consejero balear de Salud, el socialista Vicenç Thomàs –que gestó la normativa que semodifica- subrayó que "ningún profesional ha abandonado" centros y hospitales de las islas por sentirse lingüísticamente discriminado.