Alarte: “Si no los envía al grupo mixto, Fabra certificará que es un mentiroso”

"Si no los envía al grupo mixto será la certificación de que el señor Fabra es un mentiroso”, dijo ayer el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Jorge Alarte, tras reclamar la suspensión de militancia y la dimisión de Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Pedro Hernández Mateo, la primera, alcaldesa de Alicante y los segundos, exalcaldes de Alicante y Torrevieja, respectivamente, además de diputados en las Cortes Valencianas por el PP. El líder del primer partido de la oposición señaló que Alberto Fabra, que ha reiterado su disposición al diálogo y su voluntad de transparencia desde que llegó al cargo, no puede hacer de las Cortes lo mismo que su predecesor, Francisco Camps, porque acabará como él. “Hoy es el día en que tiene que tomar decisiones”, dijo Alarte, que emplazó a Fabra a “demostrar si estamos en un tiempo diferente”.

Según el portavoz de los socialistas, la investigación del caso Brugal, aunque tenga que respetarse la presunción de inocencia de los implicados, ha llegado a revelar “unos hechos suficientemente graves para que sus protagonistas sean suspendidos de militancia y enviados al grupo mixto”. Existe, en su opinión, una responsabilidad política evidente que Castedo y Alperi deben asumir y las Cortes Valencianas, añadió, no pueden convertirse en un “refugio de presuntos corruptos”.

Mientras tanto, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín, instaba a la alcaldesa Sonia Castedo a dar “explicaciones públicas” y lamentaba que la ciudad sea “noticia por los casos de corrupción”.

El portavoz de la Coalició Compromís, Enric Morera, aseguró que “Fabra ha de suspender inmediatamente el PGOU de Alicante” y las Cortes Valencianas deben crear una comisión de investigación. Según Morera, “una mafia instalada en las instituciones no puede privar a los ciudadanos de un urbanismo racional”. El portavoz de Compromís añadió que “se ha practicado un urbanismo a la medida del bolsillo de cuatro estafadores que han pringado a responsables políticos”.

Marga Sanz, de Esquerra Unida del País Valencià, recordó que su grupo se ha personado como acusación popular en la parte del caso Brugal que se refiere al Plan General de Alicante. “Se confirma el papel del despacho del hermano de Castedo a la hora, supuestamente, de repartir favores e información”, señaló, para añadir que el PP tienen la obligación inmediata de apartar de su cargo a la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica. “Un clan corrupto está salpicando a la ciudad de Alicante”, comentó.

Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, pidió respeto a las actuaciones judiciales y anunció que su grupo esperará “el pronunciamiento de la justicia, no exclusivamente de la policía”. Blasco, sin embargo, tampoco quiso comentar las dos primeras condenas del caso Gürtel, en las que la justicia ya se ha pronunciado y que afectan a dos excargos del PP, Víctor Campos y Rafael Betoret, y se limitó a solicitar “máximo respeto a la decisión judicial”.