“Confidencial”

El 25 de agosto de 2008, la policía grabó una conversación de Ramón Salvador Águeda con el empresario Enrique Ortiz en la que el promotor alicantino le informó de que el Plan General había sido redactado por Jesús Quesada asistido por el equipo del abogado urbanista Javier Gutiérrez y algunos más. Y continuó:

Enrique Ortiz: ¿Pero tú te has preocupado de hablar con Javier para que lo metieran y demás?

Salvador Águeda: Claro, claro.

E. O.: ¡Ah! Pues entonces estará metido.

S. A.: Sí, él me dijo que sí.

E. O.: Pues ya está, seguro que sí, hombre claro, eso no… no hay problema.

Menos de cinco meses después de esta conversación, Águeda firmó un contrato confidencial con Gutiérrez en representación de Salvetti Abogados. A pesar de que el socio de José Luis Castedo en Salvetti se convirtió en colaborador para la redacción del Plan General y podía tener acceso y conocimiento del estado de su tramitación, firmó contratos representando al bufete para influir en su redacción final. El más llamativo de los que encontró la policía en el registro de su despacho fue el que rubricó con Águeda, administrador único de la mercantil Imagen Valenciana, SL, propietaria de diversas fincas en la partida del Pla de Xirau.

El contrato, con una marca de agua que lo señala como “confidencial”, establece que los honorarios serán “la cantidad que resulte de multiplicar 30 euros por cada metro cuadrado de techo que atendiendo a los parámetros del nuevo Plan General exceda del aprovechamiento que le correspondía a la mercantil Imagen Valenciana, SL, según las determinaciones del Plan General de 1987, es decir, se recibirán 30 euros por cada metro cuadrado de techo que exceda de los 55.888,54 de techo que ya tenía el sector”. Imagen Valenciana entregó 100.000 euros a cuenta y se comprometió a pagar el 20% del total en cuanto el PGOU fuese aprobado provisionalmente, como sucedió. El informe policial concluye que sobre las parcelas correspondientes a la sociedad de Salvador Águeda “sí que se realizaron modificaciones”, aunque no las concreta. Este empresario ilicitano contactó en junio con la policía y acudió voluntariamente a declarar que la factura de 58.000 euros pagada a Salvetti fue por gestiones en Sant Vicent del Raspeig.