El ‘caso Astapa’ investiga el pago de 7,8 millones por proyectos sin concurso

El caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) tiene entre sus principales líneas de investigación el pago de 7,8 millones a la empresa Aedon por proyectos urbanísticos adjudicados sin ningún tipo de concurso en 1997. Los investigadores tratan de desentrañar el calendario de pagos que el Ayuntamiento pactó con la empresa en 2004, a pesar de que el vicesecretario municipal había emitido informes negativos, y si esos trabajos se ajustaron a los precios de mercado de la época.

El juez Jesús Torres, instructor de esta causa que acumula 99 imputados, ha acordado levantar el secreto total de las actuaciones después de cuatro años de instrucción. Los implicados tendrán acceso a la documentación por entregas, ya que, según fuentes judiciales, no está escaneada por completo. La primera tanda, notificada ayer, desvela detalles sobre las tres empresas que el instructor considera “vértebras” del caso de corrupción: la sociedad municipal Empladus y las privadas Aedon y Ad-Volution.

Los trabajos adjudicados a Aedon tenían como finalidad desarrollar el Plan Urbanístico de la ciudad y se contrataron a través de la sociedad municipal Planeamiento Estepona XXI. El fiscal del caso, Valentin Bueno, explica en uno de sus informes, que el Ayuntamiento canceló en 2004 la deuda que Planeamiento Estepona XXI, en liquidación, tenía con Aedon y la asumió a través de Empladus. “Resulta llamativo que el alcalde y el concejal de Hacienda firmen un contrato pese a que el vicesecretario del Ayuntamiento había emitido un informe negativo”, recoge.

Los supuestos pagos irregulares a Aedon eran una prioridad absoluta para los exconcejales imputados Manuel Reina (PES) y Francisco Zamorano (PSOE), sucesivos responsables de Hacienda en Estepona. En una conversación telefónica grabada por la policía se escucha cómo Zamorano sugiere a Reina en abril de 2007, justo antes de las elecciones, que “se equivoque en las nóminas en 150.000 euros”, para pagar a Aedon, ante el temor de que un hipotético cambio de gobierno impidiera seguir con los abonos.

Otra de las “vértebras” del caso es la empresa de publicidad Ad-Volution, cuyos gestores denunciaron tanto ante el Tribunal de Cuentas como posteriormente ante el juez que el Partido Estepona (PES), la formación posgilista liderada por José Ignacio Crespo, cometió diversas irregularidades en su financiación de la campaña para las elecciones de 2007.

Según Víctor Manuel Sánchez Gómez, administrador de esta agencia de publicidad y relaciones públicas, el PES le adeudaba un total de 170.000 euros por la campaña. Parte de esta cantidad, 62.841 euros, se abonó directamente por diversas empresas que tenían contratos de obras y servicios con el Ayuntamiento de Estepona, como Agrojardín Guadalmansa, del empresario Antonio Bazán, o Navarro Publicidad, que explotaba vallas publicitarias en la localidad. Además, otros 40.722 euros se pagaron en billetes de banco en la propia sede del partido y sin que se abonara el IVA correspondiente.