Archivada la causa contra Willy Toledo por interrumpir una sesión del Congreso
El actor y otros cinco activistas estaban imputados por un delito contra las instituciones del Estado
El actor Willy Toledo y otras cinco personas imputadas por irrumpir en una sesión del Congreso de los diputados con gritos a favor de la libertad del Sáhara Occidental no cometieron, según la Audiencia Nacional, ningún delito. El juez Pablo Ruz ha archivado la causa por medio de un auto notificado hoy, pues entiende que no hubo perturbación de la sesión parlamentaria y que no se cumplen los presupuestos para la comisión de un delito contra las instituciones del Estado, tipificado en el artículo 497 del Código Penal.
Willy Toledo y otros cinco activistas pro-saharauis interrumpieron el Pleno del Congreso que se celebraba el 2 de diciembre de 2010 al grito de “El Sáhara no se vende, libertad” y, según el atestado policial, “Diputados chorizos”. Habían sido invitados por Izquierda Unida a presenciar la sesión sobre la situación de la antigua colonia española. El Pleno aprobó finalmente una moción de condena por los "incidentes violentos" registrados durante el desalojo del campamento de El Aaiún presentada por IU-ICV.
Tras ser trasladados a la Comisaría del Congreso, el caso pasó al Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. Ahora, el juez instructor Pablo Ruz archiva la causa, de acuerdo con el criterio expresado por el Ministerio Fiscal.
El juez Ruz, titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, considera que la actuación de Toledo y sus compañeros no es constitutiva de delito porque “no llegó a producirse interrupción, aplazamiento o suspensión alguna de la sesión”. Según el auto, la protección penal debe quedar reservada para "aquellos supuestos en que las facultades ordinarias de quien preside la Mesa se revelan insuficientes".
El motivo de que no se suspendiera la sesión fue la “inmediata ejecución de la orden emanada de la autoridad competente”, el presidente del Congreso. José Bono, presidente de la cámara, ordenó la expulsión de los activistas y su puesta a disposición de la Comisaría Especial del Congreso. El auto que pone fin a la causa rechaza tomar en consideración el posible insulto dirigido a los diputados recogido por el atestado policial y negado por los imputados, puesto que ni consta en acta ni se aprecia en el vídeo de la sesión.
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