Anticorrupción archiva la denuncia contra el PP tinerfeño por el ‘Bragasgate’

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia contra la presidenta del Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, por la presunta financiación ilegal de esta formación y que presentó, hace un año, el colectivo de abogados canario Justicia y Sociedad. La fiscal no ve indicios de delito en un caso que ya es conocido como el Bragasgate porque, entre las facturas que el PP presentó para justificar sus gastos en el Ayuntamiento capitalino entre los años 2003 y 2007, se incluían compras de lencería, bebidas alcohólicas o circuitos termales.

El Bragasgate se destapó en el verano de 2010, cuando un anónimo entregó en las redacciones de los periódicos tinerfeños un informe del interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el que se evaluaba la aportación municipal al partido y su justificación de gastos durante la legislatura 2003-2007. En el documento se detallaban facturas que no tenían que ver con la actividad del grupo municipal del PP, que sumaban casi 160.000 euros y que incluían cientos de euros en bebidas alcohólicas, circuitos termales, joyas o revisiones de vehículos privados.

El portavoz de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, recuerda que, al conocerse estas cifras, la también presidenta insular del PP, Cristina Tavío, y el secretario regional del partido en Canarias, Manuel Fernández, reconocieron públicamente que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz utilizó el dinero que recibía de las arcas municipales para financiar el partido y que, como esto no estaba permitido por la legislación vigente en aquellos años, “metían las manos en el bolsillo y aportaban facturas personales para justificar la asignación al grupo”.

Estas cuentas ya habían superado una auditoría del Tribunal de Cuentas del Estado, que no reparó irregularidad alguna y ello a pesar de que, antes de la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos, no estaba permitido transferir dinero de los grupos municipales, insulares o parlamentarios a las formaciones políticas para afrontar las campañas electorales. Sin embargo, como señala Pérez Ventura, las declaraciones de Tavío y Fernández son lo “suficientemente graves y escandalosas, pues reconocen hechos que podrían ser constitutivos de delito y que, al menos, creemos que justifican la acción penal de la Fiscalía”.

El colectivo anuncia que estudiará presentar una nueva denuncia, ahora en los Juzgados de Instrucción de Tenerife, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, ya que “me parece sorprendente la decisión de la Fiscalía de archivar el caso. Desconozco sus motivos, pues no se nos informa de las diligencias practicadas y sólo comunica que no existen indicios de delito, por lo que sería prejuzgar su actuación”. El anuncio de Anticorrupción llegó a Justicia y Sociedad el pasado mes de junio, pero “se traspapeló y no tuvimos conocimiento de ella hasta hace unos días”, dijo Pérez Ventura.

Cristina Tavío, presidenta insular y de la agrupación de Santa Cruz de Tenerife del PP, no quiso hacer declaraciones sobre esta decisión y se ratificó en que aquella carta llegada a los medios de comunicación, en la que se omitían los gastos relativos a los otros partidos con presencia en el Ayuntamiento capitalino, “fue un montaje para intentar hacer daño políticamente y esto demuestra que, efectivamente, fue una campaña para hundirnos”.

Es más, el sobre que llegó a los periódicos iba acompañado de una carta titulada "De Tavío no me fío, Viva Ángel Llanos, líder natural del Partido Popular", que daba pistas acerca de que su remitente tenía alguna guerra personal con la presidenta del PP tinerfeño. Aunque nunca se le acusó formalmente y él amenazó con querellarse contra quién así lo insinuara, este asunto acabó costándole la salida del partido al concejal, Ángel Llanos, que mantenía una pugna por la dirección del PP de Santa Cruz con Tavío.

El secretario regional del PP, Manuel Fernández, sí manifestó, en declaraciones a la Cadena Ser, que esta denuncia “se hizo sólo con el objetivo de hacer daño a las personas que prestan honradamente su participación en la política y en la resolución de los problemas de todos, así que, por supuesto, estoy muy satisfecho de la decisión de la Fiscalía; siempre estuve convencido de que iba a ser así y no tenía ninguna duda”.

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción es un punto y seguido en un asunto que ha despertado la hilaridad e indignación entre los ciudadanos de la Isla, hasta que el juez decida si admite a trámite la nueva denuncia de Justicia y Sociedad. Más allá de las críticas por el uso de fondos municipales, las declaraciones políticas de este asunto pasarán a la historia insular y no sólo por el debate acerca de si la factura que dio nombre al caso “no era de bragas, sino de ropa interior masculina”, que señaló entonces Cristina Tavío, sino por su afirmación en una radio insular, en la que acusó al entrevistador de querer insinuar que “aquí hay un Bill Gates”.

640.000 en cuatro años

Los cinco concejales del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife recibieron, entre 2003 y 2007, un total de 640.000 euros del Ayuntamiento, en el que entonces gobernaban junto a Coalición Canaria. Pero, cuando llegó el momento de justificar en qué se había gastado esa partida, los ediles entregaron toda clase de facturas con las que justificaron sólo 153.138,17 euros. El problema, según el informe del interventor, era que 122.305,67 de esos euros no están en facturas a nombre del partido y que otros 19.134,44 euros correspondían a actividades que “no son propias” del grupo municipal.

El análisis de Intervención destaca partidas elevadas referidas a comidas y viajes. Por ejemplo, de esos casi 155.000 euros justificados, algo más del 30% correspondían a comidas y casi un 10%, a viajes. Pero también se entregaron facturas inferiores a 10 euros, lo que significa que no podían corresponder a comidas de trabajo, sino personales.

El documento también aclaraba que, en las cantidades asignadas a los grupos políticos municipales, se prohibía “la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial”. No obstante, en el anexo del informe se recogían un total de 2.302,91 euros en ropa y complementos.