El Papa, en Madrid

Benedicto XVI comienza hoy su tercera visita a España, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud. Su llegada se produce 24 horas después de que la Puerta del Sol fuera el escenario de una marcha laica de protesta por los gastos públicos de la visita, que registró momentos de tensión entre los manifestantes y los peregrinos, y que acabó con incidentes con la policía, que se empleó con contundencia para disolver a los congregados. Lo sucedido no fue la mejor tarjeta de presentación para un acontecimiento multitudinario que, aunque polémico, debe ser asumido con normalidad y respeto. Las autoridades y los organizadores deben velar a partir de ahora para que lo que resta de visita papal se desarrolle con normalidad. Las críticas a cualquier evento son saludables en democracia, y las manifestaciones son un derecho constitucional. Pero la tensión que ayer se vivió en Sol, y los incidentes finales, no deben volver a producirse.

Durante los actos iniciales de las jornadas, la jerarquía eclesiástica española ha tenido ocasión de dirigirse a miles de jóvenes venidos de todo el mundo. A partir de hoy, también lo hará el Papa. Salvo que Ratzinger diera un giro radical al discurso mantenido hasta ahora por la Iglesia, las homilías y las declaraciones de la jerarquía española se han ceñido a cuestiones relativas a la fe católica, sin entrar en críticas políticas. Tanto la Jornada Mundial como la propia visita del Papa han sido objeto de polémica en razón de los costes que ambos acontecimientos supondrán para un Estado aconfesional. Se trata de una polémica que salta por encima del asunto principal, que reside en el hecho mismo de aceptar que España fuera el país anfitrión de esta manifestación instaurada por el anterior pontífice, Juan Pablo II. Desde el momento en que los poderes públicos se comprometieron a acoger esta Jornada, están obligados a asumir los costes de seguridad y otros que generan las concentraciones masivas, sean religiosas o de otra naturaleza. La cuestión, por tanto, es si deberían haber declinado la oferta de albergar el encuentro tomando en consideración la situación económica y también el hecho de que es la segunda vez que España acoge la Jornada en su cuarto de siglo de existencia. Los responsables políticos tendrán que explicar a los ciudadanos, creyentes y no creyentes, las razones de una opción que conllevaba un importante gasto, además de cortes de tráfico y otras molestias para el ciudadano.

Mientras los mensajes de la jerarquía católica se concentren en asuntos de fe, no existen razones para pronunciarse sobre ellos. En el caso del Papa, la realización de críticas políticas sería inconveniente, puesto que a su condición de cabeza de la Iglesia une la de jefe de Estado, sobre el que pesa una tradición de respeto con el Estado anfitrión. Lo que la jerarquía eclesiástica no debería perder de vista es que clericalismo y anticlericalismo son dos criaturas que se retroalimentan, y siempre en detrimento de unos ciudadanos o de otros. Lo de ayer en Sol es un buen ejemplo de ello.