Rechazo en Euskadi al reajuste institucional que propone Rubalcaba

La propuesta de suprimir las Diputaciones realizada por el candidato socialista a las elecciones generales de noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, desencadenó ayer una ola de reacciones en los entes forales vascos, que se opusieron de plano a que esta medida pueda aplicarse a un órgano que tiene en Euskadi una mayor relevancia que en otras provincias españolas. Quizá por ello, el portavoz del Gobierno, José Blanco, precisó que el planteamiento que deslizó Rubalcaba no afecta a las instituciones forales vascas, cuya existencia se basa en la Constitución, sino a las Diputaciones provinciales.

Por parte del PNV, Andoni Ortuzar, presidente del partido en Vizcaya —único territorio en manos jeltzales tras los resultados de los comicios de mayo—, calificó como “auténtica e impensable barbaridad” una hipotética supresión de las Diputaciones y lo achacó a la necesidad de hacer “propuestas llamativas” por la cercanía de las elecciones. Ortuzar añadió que los entes forales son instituciones ancladas en la historia del País Vasco y que prestan “muchos y buenos” servicios a la ciudadanía. “La gran asignatura pendiente de los gobernantes de España no es cuántas instituciones hay, sino cómo se gestionan”, criticó.

Fuentes de la Diputación de Vizcaya entienden que Rubalcaba no se refería al reparto institucional vasco. Así las cosas, abundaron: “Las nuestras funcionan estupendamente, están con ratings comparables a cualquier gobierno solvente y forman parte del entramado institucional vasco”.

De su lado, la Diputación guipuzcoana, dirigida por la coalición abertzale Bildu, rehusó realizar declaraciones ante la propuesta de Rubalcaba, puesto que consideraron que con ella no se refería a las instituciones vascas, sino a las diputaciones provinciales.

El PP, a través de su portavoz Leopoldo Barreda, instó al Gobierno vasco y al PSE a rechazar “de plano” la propuesta del candidato socialista a las generales y adelantó que su formación así lo exigirá en el Parlamento vasco, dado que estima que este tipo de actuaciones pretenden “acabar con las diputaciones aprovechando planteamientos de austeridad o de reforma institucional”. Según Barreda, la historia de Euskadi, a través de la Constitución o del Estatuto de Gernika, explica la existencia de las diputaciones, con lo que calificó su simple cuestionamiento como “gratuito”.

Fuentes del PP afirmaron a EL PAÍS que “no se puede asemejar, meter dentro del mismo saco, cualquier Diputación con las vascas”, puesto que estas han “vertebrado” la historia de Euskadi. No obstante, indicaron que, con respecto al resto de diputaciones provinciales, se remitirán a la posición de su partido. Por otro lado, el PP vasco sí considera necesario abordar un debate competencial para concretar qué le toca hacer a cada institución.

Ayer mismo, el diputado general de Álava, Javier de Andrés —que explicó que, a su juicio, Rubalcaba se refería a las diputaciones de régimen general y no a las vascas— denunció la “invasión” del Gobierno vasco en algunas competencias de los entes forales y tendió la mano para dialogar entre las distintas instituciones con el fin de evitar duplicidades y buscar así una fórmula que evite posibles “derroches económicos”. Entre las principales materias solapadas citó la agricultura, la gestión del agua o la cultura.

En este sentido, los socialistas vascos precisaron que el Gobierno vasco, como ya ha indicado el lehendakari Patxi López en más de una ocasión, defiende clarificar el reparto competencial entre las distintas instituciones. La Ley Municipal que el Ejecutivo prevé aprobar este mismo mes se enmarca, según el PSE, en esta intención. Asimismo, el Gobierno elaborará en otoño un mapa de servicios para establecer lo que compete a cada órgano.