Fabra anuncia un otoño duro en Valencia: más recortes y menos personal

“Tenemos que ser capaces de hacer más con menos”. Con esa intención se presentó Alberto Fabra a su investidura como presidente de la Generalitat el pasado 26 de julio. En medio de una crisis institucional sin precedentes por la dimisión de Francisco Camps a raíz de su procesamiento en la causa de los trajes de la trama Gürtel, y de una crisis económica que no da tregua, el nuevo jefe del Consell se declaró heredero de la gestión de su antecesor, de sus principios y políticas. La herencia incluyó a un Gobierno que había tomado posesión un mes antes, una Generalitat que apenas puede pagar a sus proveedores, con una deuda del 17,4% sobre el PIB (17.895 millones de euros a finales del primer trimestre) y la perspectiva de tener que acometer fuertes recortes con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.

Si Camps había esbozado en junio un recorte de 1.550 millones de euros en el gasto de la Generalitat (sobre un presupuesto que ronda los 16.000 euros), a Fabra le tocó estrenarse con la tijera en la mano para adelantar recortes por 680,7 millones. Con un panorama en el que “todo es revisable”, en palabras del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, será difícil, si no imposible, hacer más con menos.

Tras más de dos años de parálisis por el escándalo del caso Gürtel, los dos primeros meses de la legislatura del nuevo Gobierno valenciano —el mismo con los dos presidentes— se han consumido en anuncios de planes de austeridad y privatizaciones, la reorganización de las consejerías, el cambio de cargos y asesores (que cuestiona la anunciada reducción de la Administración), y dos emisiones de pagarés de deuda de la Generalitat por algo más de 10 millones de euros. Las consejerías han dado salida a licitaciones menores y resoluciones pendientes mientras sus nuevos titulares asistían sorprendidos a la marcha del presidente que los acababa de nombrar e intentaban adelantar las líneas generales de su futura actuación.

Pero la crisis es la que manda, y al margen de la convulsión política por la salida de un presidente pendiente del banquillo, en esos dos meses los grandes titulares se los han llevado la nacionalización de la CAM y los escándalos en la gestión de la caja; la rebaja de la calificación de la deuda de la Generalitat por parte de Standard & Poor’s; el retraso en el pago de la nómina y la extra de junio a 3.000 funcionarios por falta de liquidez, o la renuncia del Consell a construir 15 juzgados porque no hay dinero en la caja.

A los consejeros de Hacienda y de Economía se les acumula el trabajo. El primero deberá especificar los recortes anunciados, y el segundo, Enrique Verdeguer, preparar una reestructuración clave de las fundaciones y empresas públicas, entre ellas Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que parece abocada a un ERE drástico de su plantilla de 1.800 empleados. “En septiembre” es la respuesta más frecuente a las preguntas sobre la concreción de las medidas de la Generalitat para intentar hacer frente a la crisis. Unas medidas por las que claman los empresarios aunque sean “duras e impopulares”, como defendió hace poco el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

Vela ya ha adelantado que en septiembre intentará acordar con la Mesa de la Función Pública y los sindicatos la amortización de 704 puestos de trabajo para ahorrar 25 millones de euros y la reducción de un 22% de liberados sindicales (otros seis millones). También prevé eliminar el personal de información en los hospitales (69,2 millones de euros) y rebajar la factura farmacéutica (hasta 260 millones de euros menos). Además, quiere aplazar inversiones en las universidades por 132 millones; reestructuraciones en Educación por otros 19,1 millones de euros; ahorro en teléfono y fotocopias por dos millones; un consumo menor de energía (tres millones), una central de compras (cinco millones) y la disminución del gasto de personal en 2,2 millones tras la eliminación de tres consejerías.

Pero este es solo el principio y una parte de los recortes de 1.800 millones de euros que aún deben ejecutarse hasta final de año en el marco del Plan de Reequilibrio Financiero presentado por Vela y aceptado por el Gobierno. Aunque no dejará de reivindicarlos, el consejero de Hacienda no podrá contar con los 633 millones de euros del Fondo de Competitividad que compensa a las autonomías más afectadas por el actual sistema de financiación. No los cobrará hasta dentro de dos años, algo que el Consell ya sabía o decidió ignorar para mantener el discurso victimista, según sostiene el PSPV-PSOE.

Ante la falta de liquidez, Vela también pretende colocar “en un plazo razonable” emisiones de deuda aprobadas para este año y pendientes del anterior por un total de 3.000 millones de euros. Con ese dinero pretende reducir la deuda con los proveedores, a los que pide que aguanten un poco más. Todo ello si el mercado lo permite, porque el año pasado fueron la CAM y Bancaja las que tuvieron que tragarse una emisión de 1.000 millones de euros para que la Generalitat respirara. Además, las turbulencias de los mercados de deuda dibujan un escenario sombrío. El propio Vela auguró a principios de agosto que si la prima de riesgo seguía subiendo se hablaría de “palabras mayores” en septiembre.

El consejero afirma, además, que pretende presentar los próximos presupuestos, que reflejarán los recortes, el próximo octubre, aunque un mes después se celebren elecciones generales. Mientras, la consejería de Verdeguer trabaja, también de cara al otoño, en un plan para adelgazar el sector público que afectará a RTVV, pero también a Ciegsa y el Ivex, entre otras empresas que consumen 3.573 millones de euros, según los socialistas. Su portavoz en las Cortes, Jorge Alarte, aboga por dejar las 135 fundaciones y empresas en una treintena y considera que los recortes anunciados solo traerán “más paro y menos derechos” a una comunidad autónoma con una tasa de desempleo del 24% y más de 519.000 personas sin trabajo.

Con un plan de ajuste por desvelar en toda su extensión y con recortes en todos los departamentos, los consejeros de Fabra han enterrado la promesa del PP de no subir impuestos y se han lanzado a proponer nuevos tributos. Vela es partidario de una tasa por el uso “indebido” de las urgencias hospitalarias, y el consejero de Justicia, Jorge Cabré, plantea el copago por acudir a los tribunales aunque para ello sea necesario cambiar las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal.

Aunque el presidente se ha apresurado a echar el freno y ha afirmado que el debate del copago es “prematuro”, la búsqueda de nuevos ingresos está encima de la mesa de Fabra. Como también lo está un posible cambio del Consell después del 20-N. El otoño se anuncia movido.