El TSJ de Valencia inicia la investigación por financiación irregular del PP

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho firme su decisión de ser el tribunal competente para investigar la presunta financiación irregular que se le atribuye al PP valenciano, incluida en el caso Gürtel. En un auto hecho público hoy, el tribunal no solo confirma esta decisión sino que reclama toda una serie de documentación para el desarrollo de dicha investigación, que atañe a la cúpula de los populares valencianos.

Entre otras cosas, el magistrado instructor de la causa, Francisco Ceres, reclama al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas que certifiquen el examen de las cuentas realizadas al PP valenciano sobre las elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2007. También requiere a la sindicatura para que aporte la fiscalización de la contratación realizada por la Agencia Valenciana de Turismo entre 2005 y 2009, años en los que se adjudicó el expositor de la feria Fitur a Orange Market, la sociedad que encabezaba la rama valenciana de la trama liderada por Francisco Correa.

Entre los documentos que solicita el magistrado también se incluye el requerimiento de la certificación de la identidad de los administradores de la candidatura del PP en las citadas elecciones. Además reclama a la dirección nacional de los populares información sobre el “modo de funcionamiento de la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana” y les exige que señalen quiénes eran los responsables de la misma, su grado de autonomía respecto a la formación nacional y el modo de fiscalización que tiene el partido que lidera Mariano Rajoy sobre las las organizaciones territoriales.

El auto expone la decisión del instructor de ordenar la causa en tres piezas separadas, por cada uno de los tres supuestos delitos cometidos: delito electoral (que incluye financiación irregular), falsedad y prevaricación y cohecho.

Entre los imputados por esta causa se encuentran Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat); Ricardo Costa (exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y diputado); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV y diputado); Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV). Y también la imputación por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación del propio Rambla; de Milagrosa Martínez (presidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); y de Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo).

El TSJ de Valencia aceptó la inhibición del TSJ de Madrid y hace poco más de un mes el tribunal valenciano decidió hacer suya la causa. La decisión fue recurrida pero el auto hecho público hoy la hace firme.

Esta parte del caso Gürtel se abrió después de que se presentaran indicios del endoso a varias empresas adjudicatarias de la administración de facturas emitidas por servicios realizados por Orange Market al PP valenciano.