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Condena de 377 años para el exjefe etarra Txeroki por 20 intentos de asesinato

El exdirigente de ETA trató de matar a una ex teniente alcalde de Portugalete

El exjefe de ETA Txeroki, durante un juicio celebrado en junio.
El exjefe de ETA Txeroki, durante un juicio celebrado en junio.

La Audiencia Nacional ha condenado a 377 años de prisión al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa (18 años por cada uno), entre ellos el de la ex teniente alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo en febrero de 2002, y por un delito de estragos terroristas. El tribunal, además, le prohíbe acercarse a la localidad de Portugalete durante cinco años. Dentro de esa pena global se incluyen otros 17 años de prisión por estragos terroristas, el daño causado en inmuebles durante esos atentados.

Así lo ha acordado hoy la sección primera de la Sala de lo Penal de este tribunal después de que el mes pasado el etarra fuera juzgado por primera vez en España y absuelto por el intento de asesinato del vicepresidente del Grupo Correo -actualmente de Vocento- Enrique Ybarra, que recibió un paquete-bomba en enero de 2002, informa Efe.

El tribunal considera como hechos probados que "en los primeros meses de 2002" el jefe militar de ETA formaba parte del comando Olaia de ETA, integrado también por Idoia Mendizábal y Asier Arzalluz. El nombre del comando, que disponía de abundante material explosivo escondido en un garaje, era en recuerdo de una activista de la organización que había fallecido. El comando utilizaba como lugar de refugio un piso alquilado por Gorka Martínez, cuyo testimonio prestado ante la Ertzaintza ha servido de prueba de cargo para la condena. El comando en ese momento tenía entre sus objetivos a representantes municipales de distinto signo político, entre ellos a Cabezudo, que la consideraban "españolista".

 

Después de comprobar los trayectos que la víctima solía realizar y tras intentarlo sin éxito los días anteriores, el 28 de febrero de 2002, fecha en que sabían que la edil acudiría a un pleno municipal,  colocaron un artefacto de 20 kilos de titadyne en un carrito de la compra, en un lugar de paso obligado para acceder al ayuntamiento. No les importaba, según el tribunal, qué personas pudiera haber en ese momento en la calle, muy transitada, ni los importantísimos daños que el estallido podía causar en inmuebles aledaños.  La bomba la accionaron con mando a distancia "y no llegó a alcanzarles de lleno porque aquella mañana, a diferencia de otros días, la teniente alcalde y su escolta utilizaron la acera contraria". Según la sentencia, el comando envió tras el atentado una nota a la cúpula de la organización en Francia en la que, entre otras cosas, explicaban que el carrito con los explosivos estaba bien colocado, pero que "al no ser la caja de metal se movió hacia atrás" sin conseguir el objetivo buscado, la muerte de la edil y su escolta. Este documento fue intervenido en diciembre de 2002 en Francia, en el marco de una actuación policial contra miembros de ETA y estaba en poder de Juan Fernández Iradi, otro histórico de ETA apodado Susper. La carta intervenida estaba escrita en euskera y describía los principales detalles del atentado. Ha sido una de las pruebas básicas en el juicio. La edil sufrió graves lesiones, pero salvó la vida, al igual que su escolta, así como otros 18 viandantes, que también sufrieron heridas de distinta consideración.

Gorka Martínez describió ante la Ertzaintza a los tres miembros del comando y declaró haberles escuchado decir que "no era el lugar en el que había que colocarlo", en referencia al artefacto contra la teniente de alcalde. La Sala también ha tenido en cuenta el citado documento incautado en Francia a  Susper.

Primera condena en España

Esta pena de 377 años de prisión es la primera dictada en España contra Txeroki después de que la Audiencia Nacional le absolviera el pasado 30 de junio al no hallar pruebas de que participase en el intento de asesinato en 2002 del presidente del Consejo de Administración del Grupo Correo, Enrique Ybarra, informa Ep.

El fiscal Pedro Rubira defendió como principales pruebas una pericial de inteligencia, que defendía que el atentado fue cometido por el comando K-Olaia, al que pertenecía el ex jefe militar en el momento de los hechos. Además, los restos biológicos del acusado fueron encontrados en la vivienda que ocupaban los integrantes de este grupo. Para el tribunal, sin embargo, "el único resultado objetivo e inequívoco" de estas diligencias fue la "estancia del acusado" en esa vivienda.