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El decano del Colegio de Abogados protesta: "No tenemos un euro"

Hernández-Gil exige a Aguirre que deje de presupuestar "de forma irreal"

Protesta de los abogados del turno de oficio el pasado mes de junio ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.
Protesta de los abogados del turno de oficio el pasado mes de junio ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.ÁLVARO GARCÍA

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, exigió ayer a la Comunidad madrileña que deje de presupuestar "de manera irreal" los gastos para la justicia gratuita. Durante la presentación de la Memoria de asistencia jurídica y turno de oficio del primer semestre de 2011, el decano volvió a arremeter contra la situación en la que se encuentran los abogados de oficio de la Comunidad. "Seguimos en la situación de que no hay un solo euro para este año, y es consecuencia de una mala política presupuestaria desde hace ya muchos años", subrayaba.

¿En cuánto consiste el agujero económico que hoy tiene el Colegio de Abogados? Según su gerente, la Comunidad adeuda exactamente 20.963.186,76 euros al Consejo de Colegios de la región. Pero el decano dejó ayer una puerta abierta a la solución del problema y comentó que hay que "dar margen" y confiar en que el Gobierno regional en su conjunto y la Consejería de Justicia en particular, asuman sus "responsabilidades institucionales" para regularizar este servicio.

Sobre las cifras del primer semestre del año, el decano explicó que Madrid es la Comunidad que menos ha aumentado el presupuesto destinado a la justicia jurídica gratuita desde 2005, un 44%, 15 puntos por debajo de la media nacional.

Los abogados del turno de oficio mantienen un enfrentamiento con la Comunidad, a la que acusan de precarizar su servicio. Sobre los efectos de la suspensión de sus labores, el decano estima que se ha restringido el servicio en un 90% de asuntos judiciales de orden penal, donde los acusados se encuentran en libertad condicional. Sin embargo, esta restricción no afecta a los detenidos ni a los casos de familia, ni a los del juzgado de lo social ni a los "casos urgentes" de lo contencioso-administrativo. Para seleccionar qué casos se atienden y cuáles no, señaló que tienen que "ponderar cada situación singularmente".

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