Feijóo mantiene la subida de impuestos a la vivienda pese a las críticas del PP
Asegura que las nuevas valoraciones de Facenda son "útiles y necesarias"
"Con todos los respetos", pero la subida de los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales relacionados con la vivienda sigue adelante, a través de una nueva valoración de inmuebles que ha provocado críticas entre diversos sectores, ayuntamientos del PP incluidos. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer tolerante con las críticas, pero descartó dar marcha atrás a las nuevas tablas de valores, actualmente a exposición pública, y que entrarán en vigor en los próximos días, a pesar de que hasta el Gobierno local de Lalín, del Partido Popular, le reclamó que la paralizara por "excesiva".
Feijóo se refirió a las nuevas valoraciones, que elevan en torno a un 30% la base imponible de los impuestos que gravan la compra o la herencia de un bien inmueble, como un instrumento "voluntario, gratuito, útil y necesario". Respecto a la voluntariedad, se refirió a la posibilidad de que se liquide el impuesto por debajo de los valores que fijan las tablas, sin aclarar que, en ese caso, el comprador de la vivienda deberá hacer frente meses más tarde al pago de la diferencia respecto al que establecen las tablas.
Para defender los nuevos valores, Feijóo incidió, tras el Consello de la Xunta, en que "no prejuzgan para nada la decisión del contribuyente", en el caso de que este establezca como base liquidable el valor de la compraventa, en lugar del que figura en las nuevas tablas. "Se trata de intentar reducir litigiosidad y costes administrativos", aseguró el presidente del Gobierno gallego, que redujo las tablas a unas meras "pautas de liquidación".
Feijóo no se refirió a la subida generalizada que suponen los nuevos valores, que la Consellería de Facenda aplicará con carácter retroactivo a las operaciones cerradas en 2010, y que de hecho ya utiliza antes de que la orden entre en vigor. En cambio, señaló que en algunos municipios "son acordes a los aprobados en las ponencias catastrales", que sirven para liquidar el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Aunque una subida media de los valores del 30% incrementaría la recaudación de la Xunta aproximadamente 90 millones de euros, Feijóo no cede en su reclamación de los 243 millones que, según la interpretación de la Xunta, el Gobierno central le debe a la Administración autonómica. Ante la propuesta del líder del PSdeG, Pachi Vázquez, de blindar la financiación de Galicia mediante un nuevo Estatuto, volvió a restar prioridad a la reforma estatutaria, para anteponer "lo prioritario", que es, en su opinión, acelerar la transferencia de competencias pendientes y también la financiación, pero al margen del Estatuto.
"Si se transfieren las competencias pendientes, empezaríamos bien ese posible pacto para una reforma constitucional del Estatuto", manifestó Feijóo. Respecto a la financiación autonómica, el presidente de la Xunta abogó por "empezar por el principio", para "después, lograr los pactos posteriores". Feijóo se mostró dispuesto a atender propuestas "sinceras y útiles", pero añadió que, si el PSdeG quiere hacer una reforma "constitucional" de la carta estatutaria autonómica, le parece "una buena noticia".
El presidente gallego aseguró que cualquier propuesta "sincera y consistente" será bien recibida por la Xunta, pero indicó que "en los próximos días" se verá si la oferta de un gran acuerdo por Galicia que lanzó este miércoles el secretario general del PSdeG se hizo para "no asumir" los pactos que son "más urgentes". De momento, recordó, la petición de los 243 millones de euros, que la Xunta trasladará el miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "no obtuvo el refrendo del PSOE".
El presidente desvincula el cese de Álvarez Campana de su implicación en el 'caso Rinlo'
El Consello de la Xunta aprobó ayer el cese del presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, oficialmente a petición propia y para ocupar un puesto en otra Administración. Esa Administración no es otra que la Diputación de A Coruña, lo que se interpreta en círculos políticos como un paso atrás en la carrera del que fuera director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga. En esa época, Campana aprobó una declaración de impacto ambiental de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo) que le ha supuesto una acusación por la fiscalía por presunta prevaricación ambiental urbanística. En junio del año pasado, el hasta hoy presidente de Portos declaró durante dos horas ante el juez, y el caso sigue abierto. Pero Feijóo descartó de forma tajante que los problemas judiciales de Álvarez-Campana tengan que ver con su destitución. "Creo que va a participar en otros proyectos y no se puede tener dos puestos en las Administraciones públicas, hay un supuesto de incompatibilidad", argumentó.
Para sustituir a Álvarez-Campana, Feijóo ha elegido al exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra Juan José Durán, aunque su nombramiento no se debe a la mediación del presidente de la institución provincial y del PP pontevedrés, Rafael Louzán, como se interpretó en algunas instancias. Durán y Louzán están enfrentados desde que este prescindió del ahora responsable de Portos de Galicia para la Diputación provincial, lo que fue considerado por Durán como una traición. Máxime, después del apoyo que Durán prestó a Louzán para aupar a Javier Puertas a la presidencia del partido en Vilagarcía, una maniobra que fracasó -el congreso lo ganó Tomás Fole, ahora alcalde vilagarciano- y que ha derivado en el cese, precisamente ayer, de Puertas como presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. A Javier Puertas lo sustituirá en el puerto Sagrario Franco Malvar, que ejerce como médico de familia del Sergas en Vigo. Entre 1995 y 1999, Franco fue delegada provincial de la Consellería de Familia, Promoción de Emprego, Muller e Xuventude.
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