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El juez archiva el caso contra los controladores de Málaga

El fiscal acusaba a los trabajadores de abandono colectivo de sus puestos

Torre de Málaga durante el conflicto de los cotroladores aéreos.
Torre de Málaga durante el conflicto de los cotroladores aéreos.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha archivado la causa contra 14 controladores aéreos de Málaga que no acudieron a sus puestos de trabajo durante el conflicto que se produjo el pasado diciembre.

Los controladores alegaron problemas de salud para faltar al trabajo y los médicos que han comparecido ante el juez han ratificado las razones de las bajas que firmaron en su momento.

La fiscalía ha anunciado que presentará esta semana un recurso contra dicha resolución judicial al considerar que no se ha apurado toda la investigación en este caso y que son necesarias nuevas diligencias de prueba.

La ausencia de los controladores se produjo después de que el Consejo de Ministros ratificara el 3 de diciembre, en un real decreto de medidas económicas, que el máximo de horas que pueden hacer los profesionales de tránsito aéreo es de 1.670.

Durante el conflicto, que condujo al cierre del espacio aéreo español y posteriormente a la declaración del estado de alarma, se cancelaron en el aeropuerto de Málaga más de 200 vuelos y se perdieron 30.000 noches de hotel en la Costa del Sol.

Ninguno de los 14 controladores respondió a las preguntas de la Fiscalía de Málaga cuando, el pasado mes de diciembre, abrió una investigación por la ausencia de los puestos de trabajo. En enero, el fiscal los acusó de abandono colectivo de destino, previsto en el artículo 409 del Código Penal, que recoge que aquella autoridad o funcionario que promueva, dirija u organice el abandono colectivo e ilegal de un servicio público debe ser castigado con multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público de seis a dos años.

También se castiga con penas de ocho a 12 meses de multa a aquellos que participen, aún sin ejercer un papel de liderazgo, en el abandono colectivo de un servicio público esencial y con grave perjuicio para este o la comunidad.