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La causa de los trajes es la punta de un supuesto modelo de gestión corrupto

El PP valenciano aún ha de enfrentarse a la acusación de financiación irregular

La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell
La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Dolores Johnson, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell EFE

El PP se ha empeñado en minimizar las acusaciones de las que es objeto el partido en la Comunidad Valenciana que, sin embargo, son de las más graves que pueden atribuirse a una formación política democrática. “Son solo tres trajes” es una de las afirmaciones que reiteran sus responsables, obviando que este asunto —que va a llevar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a sentarse en el banquillo— es solo una muestra de la forma de proceder del PP de esta comunidad, según desvelan los datos que se desprenden de la investigación. La cúpula del partido y numerosos diputados están imputados por financiación irregular (delito electoral), falsificación en documento mercantil, cohecho y prevaricación.

Los tribunales han rechazado, hasta ahora, acumular las dos causas que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la de los trajes, que está pendiente de fecha de juicio, y la parte más extensa, la que hace referencia a la financiación irregular. Los jueces han considerado que los regalos ofrecidos por la trama a los dirigentes del PP y de la Administración valenciana “denotan que la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación o un acto concreto que fuera propio del ejercicio de las funciones de su cargo”.

El hecho es que los cabecillas de la trama corrupta comenzaron a regalar trajes cuando sus empresas empezaron a lograr contratos con la Administración valenciana y la investigación habrá de determinar si estas adjudicaciones, que ascienden a unos 16 millones de euros, se realizaron de forma regular.

Al margen de estos supuestos sobornos en los contratos públicos, el PP valenciano también habrá de enfrentarse a la acusación de financiación irregular, ya que la justicia ha encontrado indicios de que fueron terceras personas las que pagaron diversos gastos realizados por el partido durante las campañas electorales de 2007 y 2008. Según las diligencias, el PP encargó varios trabajos a la trama corrupta y esta se los cobró a cinco empresas, cuyos responsables son a su vez adjudicatarios de las Administraciones valencianas y también están imputados. Además, la Agencia Tributaria ha atribuido al PP que lidera Camps el haber ocultado al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros, es decir, toda una trama orquestada con un modelo de gestión corrupto.

De momento, la imputación en esta causa no incluye a Francisco Camps. Sin embargo, no se descarta que las imputaciones se amplíen y le salpiquen.