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El SUP recurre el auto de Ruz, que tilda del mayor juicio político de la democracia

El sindicato de policía más amplio asume la defensa del inspector Ballesteros

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha asumido la defensa del inspector José María Ballesteros en el caso Faisán, tiene previsto presentar hoy un recurso en la Audiencia Nacional en el que califica el auto del magistrado Pablo Ruz, que procesa también al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al ex director general de la policía Víctor García Hidalgo, como “el mayor juicio político de la democracia” y, por el contrario, “el menor juicio jurídico de la misma”, según fuentes conocedoras de dicho escrito.

No en vano, se considera que dicho auto de procesamiento ni “está ajustado a derecho ni posee fundamento jurídico real”. Al entender de los letrados del SUP, sindicato mayoritario en el Cuerpo, el juez Pablo Ruz ha “triturado la instrucción efectuada, interpretando cada una de las manifestaciones de la misma, descartando lo que no interesa, introduciendo en el auto lo que sí interesa, olvidando o no mencionando pruebas”.

El sindicato policial arremete contra el hecho de que el equipo que controlaba el operativo contra el bar Faisán cuando se produjo el chivatazo, el 4 de mayo de 2006, sea el mismo que ha realizado la investigación del mismo. Uno y otro equipo policial tenían como jefe al inspector Carlos Germán. “Esta defensa se tiene que creer que los cinco miembros que elaboran el informe de conclusiones se han investigado a sí mismos para descartarse. Y esto nos lo tenemos que creer con cara seria”.

A la defensa de Ballesteros le llama la atención de dicho operativo contra Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán donde se entregaba dinero a ETA, que “en el día que se va a proceder a su detención, resulta que un hombre de avanzada edad, frágil de salud, delicado en lo que a memoria se refiere, despistado donde los haya, manifiesta que sale hacia la Lonja [oficinas donde supuestamente ocultaba el dinero de la extorsión], campa a sus anchas y, nadie, absolutamente nadie le controla”.

El sindicato policial reprueba que el juez haya desoído numerosas pruebas solicitadas, como las llamadas telefónicas que hicieron los integrantes del equipo de Carlos Germán. “No creemos ni una sola línea de las manifestaciones del ECI (Equipo Conjunto de Investigación)”, el equipo de Germán. A la defensa le sorprende que aunque “el 12 y 13 de mayo se presentan los escritos solicitando diligencias por las defensa [sobre los que el juez no se ha pronunciado] no se dicta auto de procesamiento hasta el 13 de julio de 2011, dos días después del nombramiento de Camacho como ministro del Interior”. Por todo ello, para el SUP, el auto es “estrictamente político”.

El defensor de Ballesteros reprocha al juez que no haya permitido nunca investigar al equipo de Germán bajo el argumento de que “parten de la premisa de convertir en sospechosos de los hechos investigados a los funcionarios policiales a quienes les fue encomendada la función de policía judicial”.

El recurso insiste en que no hay una sola prueba que acredite el hecho de que Ballesteros entregase a Elosúa el móvil a través del cual recibió el chivatazo, algo que reiteradamente ha negado también el citado presunto colaborador de la banda. Ni lo detectan las cámaras de vigilancia, ni el equipo de Germán. Por todo ello, el SUP entiende que “el auto adolece del mínimo rigor jurídico, no existiendo un solo hecho objetivo, más allá de elucubraciones”.