El cupo y la devolución de Rover ponen a prueba a López frente a Salgado
El Gobierno pide repartir “en varios ejercicios” la devolución de 435 millones El 'lehendakari' acumula desencuentros y una difícil interlocución con Elena Salgado
Patxi López afronta la segunda mitad de su mandato con un incómodo frente abierto en la relación con el Gobierno central: los desencuentros con la vicepresidencia económica y una difícil interlocución con su titular, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, para resolverlos. La discrepancia en el montante del Cupo a pagar a la Hacienda central en la última liquidación y el modo y plazos para la devolución de los 435 millones del IVA por las ventas de Rover son la causa. En contraste, la excelente relación que el socialismo vasco mantiene con el vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, puede servir para que este interceda a favor de las posiciones del Gobierno de López, aunque fuentes oficiales rechazan el planteamiento: no hace falta ningún intermediario con Salgado, porque la relación es “directa y fluida”. Otras fuentes del PSOE, sin embargo, indicaron a EL PAÍS que sí se ha transmitido a Rubalcaba desde el Gobierno vasco la dificultad de relación con la vicepresidenta económica —a diferencia de otros ministros tiene el hábito no hablar directamente con consejeros de gobiernos autonómicos, según altos cargos del ejecutivo autonómico— y la petición de que allane el camino.
El conflicto ha surgido de la coincidencia de dos cuestiones: el Gobierno ha retenido 84 millones de la liquidación provisional del Cupo de 2010 casi en el mismo en el mismo momento en que está pidiendo a Salgado flexibilidad en la devolución de los 435 millones concedidos en la negociación presupuestaria de 2009 al PNV y que Euskadi debe reintegrar a las arcas de la Hacienda central tras la sentencia contraria del Tribunal Supremo. Aunque es la Diputación de Álava la institución que formalmente deberá realizar el ingreso, están concernidas tanto las arcas forales de los tres territorios como la del Ejecutivo —que recibió el 70% de esa cantidad— y las de los ayuntamientos, aunque en este caso las otras dos administraciones convienen en que no se les puede pedir que devuelvan el 17% que recibieron: saben que no pueden hacerlo.
Rubalcaba intercede en buscar flexibilidad en los plazos para el elevado desembolso
Los 84 millones no abonados en el Cupo no proceden solo del último ejercicio: es la cantidad que se ha acumulado desde 2008, y en ella está comprendida la que el Ejecutivo de López considera que corresponde a Euskadi por la financiación de la Ley de Dependencia, la de la educación de 0 a 3 años y la implantación de la escuela 2.0, así como algún fleco de la transferencia de políticas activas. Medios cercanos al lehendakari restan todo dramatismo a esta discrepancia, “mínima”, consideran, sobre el montante de 3.000 millones de flujo financiero con Madrid durante su gestión.
El segundo escollo es que ambos Gobiernos quieren abordar del modo más favorable para sus cuentas e intereses la devolución de los 435 millones que fueron transferidos a Euskadi por aquella negociación presupuestaria con el PNV y que luego ha desautorizado el Supremo.
El Ejecutivo vasco, que se siente liberado de toda responsabilidad en el desaguisado, no quiere pagar ahora los platos rotos de tener que devolver a tocateja una cantidad muy relevante para la dimensión de sus finanzas. Entre otras cosas, el momento y el modo del pago tendrán repercusión sobre la cifra del déficit autonómico y el Departamento de Economía y Hacienda quiere garantías para la mayor necesidad de endeudamiento que se derivará del desembolso.
Existen 84 millones acumulados de varios ejercicios
Las fuentes consultadas, pese a la insistencia en negar todo conflicto, sí admiten que lo que se busca es que se difiera a “varios ejercicios” esa devolución, es decir, que se reparta en varios años lo que Madrid, por el contrario, quiere que vuelva a sus arcas como salió: de una tacada. El Ministerio de Economía y Hacienda está en condiciones de esgrimir como argumento que ingresó los 435 millones a la Diputación de Álava en dos plazos, uno de 138 millones en diciembre de 2009 y otro de 297 en marzo de 2010, con la misma razón que el gobierno vasco puede argumentar que no tuvo arte ni parte en lo que se hizo ni en que se hiciera de un modo u otro.
Un logro de vuelo corto para el PNV
Los 435 millones que ahora deben volver a Madrid son una pieza cobrada hace año y medio por el PNV al Gobierno central, y muy exhibida en Euskadi por ese partido como prueba de su mayor utilidad para el país respecto del gobierno del lehendakari, Patxi López, y en cumplimiento de la promesa de “liderar desde la oposición”, que formuló en pleno arrebato por su desalojo del poder después de 30 años.
El desenlace provocado por la sentencia judicial que obliga a reintegrar ese dinero a las arcas españolas cuestiona ahora justamente la utilidad de aquella actuación, aunque el PNV sostiene que actuó adecuadamente, apoyado en una decisión de la Junta Arbitral del Concierto Económico, y rechaza que hubiera resultado más prudente esperar al final del recorrido judicial de la cuestión. “No nos arrepentimos en absoluto”, dijo a EL PAÍS el diputado del PNV en el Congreso Pedro Azpiazu.
El PNV, que estaba y está al frente de la Diputación de Álava, la institución que debe formalizar el ingreso cuando se ejecute la sentencia, coincide con el Gobierno de López en pedir flexibilidad a Salgado. Azpiazu trató la cuestión con ella el jueves al término del debate sobre el Estado de la Nación.
El ministerio “quiere cobrar”, obtuvo como impresión, pero Azpiazu expresó también su convencimiento de que Salgado entenderá que debe “aceptar cierta demora” y pactar “una fórmula razonable y cómoda para las partes”.
El PNV, por su parte, forzó a Elena Salgado a ingresar los 435 millones a la Hacienda foral alavesa en escasos tres meses: lo hizo mediante una entrega de 138 millones en diciembre de 2009 y otra de 297, en marzo de 2010.
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