Griñán revisará las ayudas sociales

Pareció más un debate de investidura, que el último examen parlamentario de la legislatura. José Antonio Griñán quemó ayer lo que puede ser uno de sus últimos cartuchos políticos para tomar oxígeno en la recta final de su mandato. Tras unos meses en los que los socialistas han estado dando traspiés por sus propios errores y por la magnitud de una crisis económica que devora a los trabajadores, pero también a los gobernantes, el presidente andaluz intentó poner el contador a cero con una treintena de propuestas. Solo dispone de nueve meses por delante para ejecutarlas antes de las elecciones andaluzas de marzo de 2012, fecha en la que el PSOE habrá cumplido 30 años en el poder.

Desde la estrepitosa e histórica derrota electoral del PSOE en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo, el Gobierno andaluz estaba fuera de juego. Muchos en el PSOE miraban al que es también su secretario general para ver qué recetas proponía para recuperar la “mayoría social” que él mismo dio por perdida tras el 22-M.

Las medidas propuestas afectan al empleo, al funcionamiento de la administración, a la transparencia política y a la protección social. En este último capítulo, Griñán propuso una revisión “de los criterios para obtener bonificaciones y subvenciones” que reciben las familias andaluzas para que las ayudas se distribuyan con mayor equidad. Una familia andaluza de cuatro miembros y con un dependiente a su cargo puede llegar a percibir hasta 13.000 euros al año en prestaciones. “El gasto social da seguridad a las familias”, dijo Griñán, para a continuación anunciar que se revisarán los parámetros por los que se conceden estas ayudas. Se medirá no solo el nivel de renta, sin también el de patrimonio.

Además, se pondrá en marcha un programa contra lo que el presidente andaluz llamó “el fraude social”, de modo que se creará una base de información de los beneficiarios de estas ayudas, habrá más inspecciones y el intercambio de información entra la administración tributaria y las administraciones educativa, sanitaria o social. Y al igual que ya existe en la sanidad, se emitirán la “facturas informativas” para que los ciudadanos sepan cuál es el coste de los servicios que utilizan. Ni una palabra dijo Griñán del fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados también con fondos públicos.

Hizo guiños al movimiento 15-M y abogó por mejorar la transparencia y la participación. En este sentido, Griñán propuso que los promotores de una iniciativa legislativa popular puedan defenderla desde la tribuna del Parlamento, así como reducir de 75.000 a 41.000 las firmas necesarias para poder presentarla en la Cámara. Propuso que los parlamentarios andaluces no puedan percibir retribuciones distintas, ya sean públicas o privadas, a las que perciben por el Parlamento andaluz. Y se cargó de un plumazo las pensiones que pueden recibir los expresidentes de la Junta. Esta prerrogativa, que Griñán llamó “privilegio”, se aprobó la pasada legislatura con Chaves al mando del Ejecutivo autónomo Los expresidentes podía cobrar hasta el 60% del sueldo que tenían, es decir, unos 42.000 euros anuales. Únicamente uno de sus antecesores, Rafael Escuredo, tenía derecho a reclamarla (Borbolla y Chaves aún están en activo) y renunció a ella.

En materia de empleo, la acción del Gobierno autónomo irá dirigida principalmente a combatir el paro en el sector de la construcción. Se destinará 200 millones de euros para obras de mejora en los colegios. Griñán anunció también otros 250 millones para la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas. Griñán reconoció que los datos de paro son “desoladores” y aunque afirmó que Andalucía lleva dos trimestres consecutivos creciendo, la situación económica es “mejor que hace un año, pero peor” de lo que le gustaría y esperaba.

Si el anterior debate de la comunidad giró sobre el recorte de la inversión pública y la puesta en marcha de nuevos impuestos como el que grava las bolsas de plástico, ayer Griñán ofreció un paquete de deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Será del 5% por obras en la vivienda propia destinadas a eliminar barreras o lograr una mayor eficiencia energética. Ampliará de 400 a 600 euros las deducciones por autoempleo y también reducirá el impuesto sobre los depósitos bancarios a aquellas entidades que den financiación para facilitar la unidad de la oferta del aceite de oliva o la implantación de empresas en parques tecnológicos. Este impuesto, por el que la Junta calcula que puede ingresar 132 millones de euros anuales, está vigente desde primeros de este año, aunque el Gobierno central ha anunciado que lo recurrirá al Tribunal Constitucional.

La vivienda también ocupó gran parte del discurso del presidente andaluz, quien confirmó la próxima aprobación de un decreto para regularizar las viviendas en situación irregular. Obras Públicas lleva años trabajando en un inventario de casas con alguna infracción. Griñán dejó claro que no habrá ninguna “amnistía general” y que esta legalización no afectará a casas ubicadas en suelos protegidos o inundables.

De manera tímida admitió errores en la reforma del sector público, que ha puesto en pie de guerra a los funcionarios. “Nuestra reforma no ha sido suficientemente entendida o explicada”, reconoció. Aunque apenas hay tiempo antes de la disolución de la Cámara el próximo mes de enero, Griñán prometió una ley para que funcionarios de carrera ocupen determinados puestos directivos en la Administración, entre ellos, los de las secretarias generales de las consejerías, que suelen ocupar el tercer cargo de importancia en el escalafón.