El PP busca el respaldo del Congreso para que el Gobierno desaloje ya a Bildu

El PP quiere el respaldo del Congreso para que Bildu sea desalojada ya de las instituciones vascas. Por eso, entre las 15 resoluciones que los populares van a someter mañana a votación en el Congreso, figura una para perseguir la expulsión de Bildu de las instituciones, según ha explicado la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría.

Lo que pretende el PP es que se utilicen los mecanismos introducidos en la Ley Electoral en la última reforma, pactada por el PP y el PSOE a principios de este mismo año, para expulsar a los concejales y alcaldes de Bildu de los Ayuntamientos vascos, ya que las modificaciones legales permiten que esta presencia "no sea irreversible". La ley permite desde entonces expulsar de las corporaciones a los ediles que no condenen la violencia.

Sáenz de Santamaría ha reclamado al Gobierno, una vez más, que sobre la base del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que tienen suscrito PP y PSOE, el Gobierno "extreme la vigilancia" sobre los representantes de Bildu para que las instituciones vascas y navarras no sean utilizadas por el entorno de la banda terrorista ETA, porque "sobran los argumentos". 

Según la portavoz popular, el Ejecutivo de Zapatero debería acumular las pruebas que hasta el momento hayan podido recabar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y aseguró que "ya existen circunstancias" para aplicar la Ley Electoral. "Sufren acoso determinados concejales, se incumple la normativa de símbolos, se impide la entrada a los escoltas o que no se produzca la condena y petición de disolución de ETA", son los argumentos que ha detallado Sáenz de Santamaría. Se refería a los insultos y gritos que recibió el concejal popular Carlos García, cuando impidió a Bildu hacerse con la alcaldía de Elorrio; a la retirada de banderas de los consistorios o, por ejemplo, la retirada del retrato del Rey del salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, y a la prohibición de que los escoltas accedan al edificio municipal de Andoain.

Según Sáenz de Santamaría, todos esos argumentos avalarían la tesis de que los "electos independientes de Bildu" son solo una "continuación" de la ilegalizada Batasuna. La portavoz popular también ha mostrado su preocupación porque desde el Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, se utilice la elección de capital europea de cultura de 2016 en beneficio propio.

Obligación de cumplir la ley

Por otra parte, el PSOE planea también que el Congreso se pronuncie sobre la "obligación de todos los poderes públicos" de cumplir la ley, de manera genérica. Así lo ha explicado el secretario general del grupo socialista, Eduardo Madina, en su comparecencia tras el debate del estado de la nación, en la que ha explicado las 15 resoluciones que llevará el PSOE al hemiciclo.

Según Madina, pretenden con esta iniciativa que las decisiones del Tribunal Constitucional se acaten con respeto, frente a la campaña de "ataques directos" emprendida por el PP tras algunas de sus sentencias. "En relación con las últimas decisiones de las más altas instancias jurisdiccionales, el Congreso de los Diputados manifiesta el máximo respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales, así como la obligación que a todos los poderes públicos corresponde de cumplir y hacer cumplir la ley", señala el texto.

La declaración, que no permite dilucidar por sí sola a qué hechos concretos se refiere, permitiría también obligar a Bildu a cumplir las leyes en los Ayuntamientos donde gobierna.

CiU propone eliminar el Ministerio de Cultura

Convergencia i Unió ha incluido entre sus propuestas de resolución la posibilidad de suprimir el Ministerio de Cultura, además de la constitución de Cataluña como circunscripción electoral en el ámbito de la Unión Europea, el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea, o que el Estado pague a las comunidades autónomas el adelanto de 2011 del denominado fondo de competitividad.

Los nacionalistas catalanes creen que la supresión del departamento que dirige Ángeles González-Sinde evitaría “duplicidades”, ya que el ámbito de competencias corresponde a las comunidades autónomas. Esta petición la formulan los nacionalistas dentro de un apartado global de Administración única y adaptación de la justicia a la estructura autonómica del Estado, En él también se incluye medidas para facilitar el pleno acceso de las policías integrales autonómicas en las distintas bases de datos estatales.

Otra de sus propuestas reclama que el Gobierno presente un proyecto de modificación de la ley electoral para permitir la existencia de circunscripciones de ámbito autonómico en el ámbito de la Unión Europea, así como el reconocimiento del catalán como lengua oficial europea.

Medidas de seguridad para los ediles vascos

UPyD ha incluido también en sus propuestas de resolución medidas relacionadas con Bildu. El partido que dirige Rosa Díez pretende un pronunciamiento formal del Congreso para reclamar medidas de seguridad de los concejales vascos y navarros, allí donde Bildu veta el acceso de los escoltas a los Ayuntamientos, informa Europa Press. Además, pretende que se suspenda el convenio entre la Agencia Tributaria y la Diputación de Guipúzcoa para evitar que Bildu acceda a los datos fiscales de todos los españoles.