Las reflexiones en torno al Movimiento 15-M

Reforma electoral. El modelo español proporciona estabilidad política pero perjudica a las minorías estatales y distorsiona el peso de la población. Los indignados reclaman un sistema que permita equiparar el valor de los votos independientemente de donde procedan. PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios, son los principales beneficiados por la ley actual y no parecen dispuestos a emprender la reforma.

Los privilegios de la clase política. El 15-M ha canalizado la decepción de la sociedad española con la clase política por su lejanía, las prebendas de las que goza (salarios, jubilaciones, coche oficial, dietas, asignaciones de libre disposición) y la corrupción política. La ciudadanía presiona para que se produzca una regeneración de las instituciones públicas y reclaman candidaturas abiertas. El Senado ya emplea este sistema, pero no permite alterar el orden. Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias de los partidos y las cúpulas dirigentes, que no parecen dispuestos a renunciar a su actual cuota de poder.

Descongelación de la Ley de Transparencia. España es uno de los países más opacos de la Unión Europea en lo que se refiere a las cuentas de los organismos públicos. Existe una norma sobre la reutilización de la información pública que se queda corta y la ciudadanía reclama una mejora sustancial en este ámbito. El pleno del Congreso pidió la semana pasada al Gobierno que presente antes de agosto la Ley de Transparencia, que lleva meses atascada, y el Ejecutivo se ha comprometido a hacerlo.

Control de la banca. Se acusa al sector financiero de colaborar en el origen de la crisis con préstamos hipotecarios que alimentaron la burbuja inmobiliaria, una mala gestión que ha costado millones al contribuyente y que se ha traducido en un recorte de créditos a familias y a pymes, mientras los bancos mantienen las altas retribuciones a sus directivos. La ciudadanía propone que se prohíban los rescates, la nacionalización de entidades en dificultades y se sancione la mala praxis bancaria. Los expertos, más comedidos, piden una supervisión, pero se muestran reticentes a la creación de una banca pública.

Imputados en las listas. Un imputado no es más que alguien sujeto a indagación judicial y, por lo tanto, esta condición no es sinónimo de condena anticipada, pero la opinión pública no entiende de denuncias falsas contra ellos, y los integrantes del Movimiento 15-M exigen que salgan de las listas electorales.

Alternativas al desahucio. La burbuja inmobiliaria unida al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Las plataformas ciudadanas han parado pacíficamente 42 desahucios en toda España y piden que se aplique la dación en pago o que se convierta el parque inmobiliario en un banco de alquiler social. El sector financiero se muestra contrario a reformar las leyes, ya que considera que el cambio hundiría aún más el mercado del ladrillo.

Crisis de representatividad. Los indignados pusieron de relevancia las debilidades de la democracia, basada en el liderazgo de la clase política. Algunos politólogos dudan de la viabilidad de un sistema organizativo en el que cada decisión tenga que ser refrendada por la asamblea. Los indignados abogan por que los ciudadanos puedan votar mediante un mensaje de texto o por medio de las redes sociales.

Democracia directa. Las consultas vinculantes hacen al ciudadano dueño de su destino, pero la experiencia de Suiza y California aconseja manejar con cautela las iniciativas populares y los referendos, donde se han aprobado cuestiones inconstitucionales. La Constitución prevé la iniciativa legislativa popular mediante la presentación de 500.000 firmas.