Un Gobierno dividido decide volver a los 120 km por hora pese al ahorro

Alfredo Pérez Rubalcaba hizo ayer un ejercicio dialéctico tras el Consejo de Ministros: primero defendió las bondades de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora —porque ahorra, reduce la siniestralidad y contamina menos—, y luego justificó que el Gobierno suprima la medida y a partir del 1 de julio los conductores puedan volver a circular a 120. La decisión la tomó un Gobierno dividido. Tanto, que en un gesto insólito Rubalcaba reconoció, sin mediar pregunta, que había habido “un fuerte debate”.

La medida más drástica de ahorro energético desde 1976 no ha durado ni cuatro meses. El Gobierno la justificó en su día porque el barril de petróleo estaba a 111 dólares y ese era un nivel insoportable. Ayer, con el crudo rondando los 106 tras una súbita bajada el día anterior, “ya no tiene sentido”, según Rubalcaba. “Dijimos que era temporal y las circunstancias han cambiado”, justificó el vicepresidente primero, quien añadió: “El barril está a 106 y todas las previsiones son que va a seguir bajando”. Menos de 24 horas antes, la Agencia Internacional de la Energía había recurrido a sus reservas estratégicas y daba el argumento perfecto a los partidarios de retirar la medida.

Con Zapatero ausente del Consejo —estaba en Bruselas—, Rubalcaba encontró el apoyo de ministros como José Blanco y Manuel Chaves, los de perfil más político, para retirar la medida.

Enfrente, el titular de Industria, Miguel Sebastián, defendió que la medida había funcionado y que el ahorro era importante. Sebastián mantiene la tesis de que la economía española se desangra por su dependencia energética. Entre enero y abril, la importación de productos petrolíferos superó los 10.394 millones, un 28% más que el año anterior. Desde las bombillas a las corbatas, Sebastián ha hecho del ahorro energético una de sus prioridades y ayer insistió en ello. Encontró el apoyo de la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, con la que mantuvo en el pasado sonoros encontronazos. Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente —departamento que ha defendido también el recorte por la reducción de emisiones—, estaba en Roma. Contra esos argumentos, Rubalcaba y Blanco dijeron que desde el principio se decidió que la medida era temporal y que Sebastián, con sus argumentos, pretendía convertirla en estructural. Y rebatían que esa permanencia nunca se había anunciado.

El PSOE no se quedó al margen de la fractura. Mientras el Consejo de Ministros debatía, el secretario de Medio Ambiente del partido, Hugo Morán, y el coordinador del programa electoral, Jesús Cladera, se mostraron partidarios de mantener la limitación. Los ecologistas pidieron que se mantuviera el recorte.

Tras la reunión del Ejecutivo, Rubalcaba agradeció a los ciudadanos que hubieran cumplido la medida y cifró el ahorro de esta en 450 millones. El cálculo es una estimación gruesa, ya que se basa en que entre marzo y abril el consumo de gasolinas fue un 5,8% menor que el del año anterior, lo que supone 215 millones. Industria proyecta que en poco más del doble de tiempo el ahorro debe de ser de 450 millones. Pero hay otras variables, como la actividad económica o el precio de los carburantes, que influyen en el consumo. Las pegatinas para cambiar las 6.000 señales afectadas costaron 230.000 euros.

Rubalcaba rechazó que el descenso de la siniestralidad vial sea un argumento para mantener el límite de 110 kilómetros por hora, como reclaman las asociaciones de víctimas. Aunque reconoció que es más fácil sobrevivir a un accidente a 110 que a 120, subrayó que el descenso de muertes de tráfico “ha sido continuado durante los últimos ocho años”. En lo que va de 2011, han fallecido en la carretera 640 personas, 81 menos que en el mismo periodo de 2010, (una reducción del 11,23%).

“Se ha perdido una oportunidad”, se lamentaba Francisco Canes, presidente de la Asociación Estatal de Víctimas. Las asociaciones de automovilistas han aplaudido, en cambio, la derogación. “Las medidas de ahorro siempre se toman en contra de los conductores”, protestó el Comisariado Europeo del Automóvil.