Puig elude señalar los fallos del operativo policial en el Parlamento catalán

El consejero de Interior, Felip Puig, eludió ayer explicar los fallos del dispositivo en el cerco al Parlament el miércoles 15 de junio por parte de los indignados. Ese día, una docena de diputados y trabajadores sufrieron insultos, amenazas, empujones y 32 personas llegaron a la Cámara en helicóptero, entre ellas, el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Otras 50, entraron en furgones policiales.

Puig no respondió a las preguntas de los diputados de por qué no se informó a los parlamentarios de cómo llegar “de forma segura” cuáles ni las causas de los mismos. El consejero descartó cualquier relevo en la cúpula policial, por qué el cordón policial no garantizó el acceso y por qué finalmente tuvieron que utilizar un helicóptero para entrar en la cámara. “No salió todo bien”, concedió Puig ayer en sede parlamentaria. Pero defendió de nuevo que los objetivos básicos se cumplieron: que se celebrase la sesión y que los indignados, a los que tachó de “tropa de infantería”, no lograsen acampar en el parque de la Ciutadella.

A cambio, el consejero se sacó un as de la manga y anunció en la comparecencia una unidad para luchar contra los grupos violentos y antisistema que, periódicamente, llevan la violencia a las calles de Barcelona. Bautizada ayer como Unidad de Obtención de Pruebas e Instrucción de Atestados, dependerá de la División de Información y se encargará de reunir pruebas sólidas contra los violentos para que respondan ante la ley. Algo que en la actualidad ya hace Información. Pero “con unos criterios más inerciales”, explicó Puig, sin dar más detalles. La misión de la unidad es que los altercados protagonizados por los violentos no queden solo en juicios de faltas y puedan tener consecuencias penales. “Si hacen faltas modificaciones legislativas, las impulsaremos”, dijo.

La unidad además estudiará nuevas fórmulas que luego sirvan para presentar pruebas, como que un agente grabe la operación en el sitio. El grupo, que ya está en marcha, evaluará también si los mensajes difundidos a través de redes como Twittter se pueden utilizar como prueba. También evaluará qué valor legal pueden tener los tuits que han inundado estos días la red.

Puig compareció ayer por segunda vez en dos semanas para dar cuenta de nuevo de una intervención policial de seguridad pública. “Batirá el récord Guinness”, ironizó el diputado del PSC, Joaquim Llena. En su intervención, responsabilizó al consejero de “extender y radicalizar el movimiento social” del 15-M con las cargas de plaza de Catalunya del pasado 27 de mayo. “Entonces la pifió por exceso; luego por defecto”, le dijo, sobre el Parlamento. Llena le acusó de improvisar —“la noche antes ya era muy evidente que hacía falta permitir el acceso a los diputados”— y criticó su actitud “arrogante”. “Un helicóptero no tiene calificativo”, concluyó. El socialista no pidió su dimisión, pero se quedó a un paso: “Yo habría renunciado por dignidad al cargo”.

Sólo el diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch pidió que deje su cargo. “El helicóptero ha provocado más indignación y es la prueba de su fracaso”, le espetó. Si no dimite, Bosch pidió que Mas le cese. Y si el presidente no lo hace: “Le pido que nombre a un secretario de Seguridad con experiencia”. “Estamos a tiempo de evitar cosas peores”, añadió.

“¿No vieron por la red lo que se estaba organizando en el Parlament?”, se sumó el diputado de ERC Oriol Amorós, que se quejó de que el dispositivo no existió “de la reja del parque hacia afuera”. El parlamentario abundó en la diferencia de versiones de lo sucedido entre el presidente Mas, que aseguró que la protesta se preveía pacífica, y Puig, que se refirió a una “guerrilla urbana”. “¿No informó al presidente?”, preguntó. Amorós le afeó también al consejero su foto levantando el pulgar al bajar del helicóptero. A lo que Puig sí respondió: “Saludaba a unos policías que hacían el relevo”. “Exagerar el problema de los violentos no le exime de sus responsabilidades”, concluyó Amorós.

Pere Calbó, del PP, denunció la “desprotección” de los parlamentarios y pidió de paso que desalojen todas las plazas ocupadas. Alfons López Tena, de SI, se refirió al “linchamiento colectivo” al que les abocó Interior. “Evitamos una espiral de violencia”, sostuvo Puig, que advirtió que se vive una “crisis del modelo de estado”, que lleva a aumentar el número de antidisturbios. “No criminalizado a todo el movimiento” del 15-M, añadió, pero les pasó la pelota: “Tendrían que haber dejado la acción de protesta ante la actuación de los violentos”.