La Generalitat y el Parlamento catalán se suman a las diligencias de la Fiscalía por los incidentes del 15-M
La Mesa de la Cámara ha aprobado personarse en la investigación por los incidentes Los indignados se enfrentan a penas de entre tres y cinco años de cárcel
El Gobierno catalán y el Parlament han aprobado hoy sumarse a las diligencias que ha abierto la Fiscalía por el bloqueo que la cámara catalana sufrió el miércoles pasado por grupos de indignados. Así lo han anunciado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, y la presidenta de la cámara, la democristiana Núria de Gispert (CiU). Ambas instituciones se suman a la investigación que ha abierto la Fiscalía por impedir a los diputados mediante fuerza y violencia acceder al Parlament.
El Código Penal castiga con penas de entre tres y cinco años de cárcel impedir a un diputado o representante público ejercer su trabajo. La jornada se saldó con 20 heridos y la detención de siete personas por desórdenes públicos. Los letrados del Parlament no podrán hacer nada hasta que la investigación del fiscal se eleve al juzgado. El Gobierno, por su parte, pondrá a disposición de la Fiscalía toda la información de la que dispone para poder identificar a los que provocaron los altercados. Homs valoró la diferencia entre los “hechos lamentables y violentos” del miércoles y la “manifestación pacífica” del domingo. Pese a que el Ejecutivo, según Homs, “dará respuesta a las reivindicaciones”, los recortes continuarán adelante. El portavoz apostó, en línea por lo expresado por el consejero de Interior Felip Puig, por la marcha de los pocos indignados que todavía quedan en plaza Cataluña.
Mientras, el portavoz de CIU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha culpado a los responsables políticos de la existencia de colectivos antisistema en Barcelona y de sus actuaciones violentas durante los actos de protesta del 15-M ya que, a su juicio, "no han ejercido el principio de autoridad". En una entrevista a Telecinco, Duran ha alarmado sobre la pérdida de valores en la sociedad española durante los últimos años, entre ellos el del principio de autoridad, que para él es muy importante porque sin ella "no hay libertad, ni seguridad, y sin ellas no hay democracia". En ese sentido, cree que la ausencia de autoridad ejercida por los políticos en Barcelona ha provocado que esta sea "capital europea de los antisistema".
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