Patronales y sindicatos ‘tumban’ las restricciones al acceso a la sanidad que CiU quiere imponer a los inmigrantes

El Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), el órgano consultivo que reúne a patronales y sindicatos, ha tumbado la propuesta del Gobierno de CiU para restringir el acceso a la sanidad pública a los extranjeros no comunitarios que no lleven empadronados en Cataluña, como mínimo seis meses. Ese precepto está recogido en el anteproyecto de la polémica ley Ómnibus, que los partidos de izquierda han criticado al juzgar que trata de desmontar toda la labor del tripartito al modificar 80 artículos con una sola votación. El CTESC considera que esa restricción a los inmigrantes podría colisionar con la ley de Extranjería y la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

La ley Ómnibus, que modifica 80 leyes aprobadas por el tripartito e incluso por los gobiernos de Jordi Pujol, merece 13 observaciones generales y 115 recomendaciones al articulado, además de votos particulares de Fomento del Trabajo, Pimec, la Confederación de Cooperativas y otro conjunto de CC OO y UGT. El dictamen se refiere a todo el anteproyecto, a pesar de que el Gobierno catalán le pidió que solo se pronunciara sobre los apartados del borrador que abordan materias socioeconómicas, laborales y de empleo, lo cual el CTESC ha lamentado.

El CTESC manifiesta en su dictamen su “preocupación” por que la norma pueda limita o suprimir la participación institucional que corresponde a los agentes sociales. Los agentes sociales recomiendan, además, que la Generalitat mantenga la red de oficinas de emancipación juvenil, dado que la tasa de paro entre este colectivo supera el 40% y pide conservar el régimen de autorización y regulación de los apartamentos turísticos, ya que si lo suprime va en detrimento de “vecinos y usuarios” y “dificulta el conocimiento de esta actividad económica”.  El dictamen considera, asimismo, que sería un “retroceso” eliminar la obligación de que todos los bloques de viviendas de nueva construcción “sean accesibles” y recomienda al Gobierno que elimine el lenguaje “sexista” del articulado.