Tercera indignación

Por tercera vez en pocas semanas, los indignados han vuelto a marchar por las principales ciudades españolas, y también en algunas europeas. El movimiento surgido poco antes de las elecciones municipales ha demostrado que sigue manteniendo una importante capacidad de convocatoria, no solo entre los jóvenes, sino entre los ciudadanos que se sienten perjudicados por los efectos y por la gestión de la crisis económica. También deja patente el carácter no violento de las protestas.

El clima pacífico en el que los miles de manifestantes recorrieron las calles demuestra el error político de intentar criminalizarlos, describiéndolos como cómplices, o incluso integrantes, de grupos que practicarían la kale borroka o la guerrilla urbana. Esto es lo que hicieron la pasada semana el consejero de Gobernación del Ejecutivo catalán, Felip Puig, además del propio presidente de la Generalitat, Artur Mas. Arrojar sospechas de trazo grueso sobre la totalidad de los ciudadanos que participan en las protestas no servirá, más tarde o más temprano, para seguir ocultando la principal evidencia hasta el momento: que es en Cataluña, y solo en Cataluña, donde han tenido lugar incidentes graves. Las únicas explicaciones posibles serían, o bien que el fenómeno de los indignados solo ha generado brotes de violencia en la comunidad catalana, o bien que la gestión del Gobierno de Artur Mas ha sido incorrecta, o ambas cosas a la vez. El consejero Puig sigue debiendo una explicación detallada de las decisiones que adoptó.

Defender el derecho de unos ciudadanos a manifestarse no es lo mismo que avalar sus posiciones y sus consignas. El Pacto del Euro alcanzado por el Consejo Europeo en marzo conllevará sacrificios en los países de la eurozona cuyas economías estén en peores condiciones a la hora de obtener financiación internacional para su deuda. España se encuentra entre ellos, sin que, llegados a este punto de debilidad, ni el actual Gobierno ni ningún otro disponga de margen para evitar una política de austeridad.

Los indignados se sienten perjudicados, y con razón, por el reparto de costes que supone esa política. No es un panorama halagüeño, pero es el que tendrán que resolver los responsables políticos tratando de encajar los distintos intereses. También los que invocan los indignados cuando, amparados por sus derechos y dentro de la ley, salen a las calles.