Insólito espectáculo político en las nuevas Cortes valencianas

La sesión de constitución de Las Cortes Valencianas tras las elecciones del 22 de mayo derivó ayer en un espectáculo insólito, lleno de conflictos, donde confluyeron algunos de los males de la política que han desencadenado un fuerte malestar ciudadano. Dentro del pleno, el nuevo presidente de la Cámara, el ex consejero Juan Cotino, miembro del Opus Dei, plantó por primera vez un crucifijo en la mesa del parlamento, ante la mirada estupefacta de los políticos de la izquierda valenciana. Los diputados de la oposición estrenaron escaño con una chapa en la solapa en defensa del valenciano, frente al decreto de Francisco Camps que aplica el llamado “modelo gallego” y elimina las líneas de enseñanza en la lengua autóctona.

En las filas del PP (55 diputados) tomaron posesión de sus actas hasta 10 parlamentarios que están implicados o imputados en graves casos de corrupción, entre ellos el jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados; su vicepresidente Vicente Rambla, inmerso en un proceso por financiación ilegal del PP, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuyas conversaciones con un promotor inmobiliario han destapado supuestos tratos de favor. Los cinco parlamentarios de Esquerra Unida prometieron sus cargos añadiendo a la fórmula protocolaria una coletilla: “Por la clase trabajadora, por la ética y por el valenciano”. Los seis diputados de la Coalició Compromís votaron nulo al escribir en sus papeletas las palabras “democracia”, “decencia” o “transparencia”.

Mientras esto ocurría dentro del parlamento, en la calle 200 indignados con la clase política, pertenecientes al movimiento 15-M, protestaron al grito de “Camps a Picassent”, al tiempo que perseguían a diputados populares y socialistas acusándoles de corrupción y se enfrentaban a la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, que cargó hasta dejar un parte de 18 personas heridas, entre ellas ocho agentes, y cinco detenidos.

A la nueva Mesa del Parlamento valenciano se incorporaron, por parte del PP, además de Cotino, los consejeros Alejandro Font de Mora y Angélica Such, así como el ex portavoz socialista Ángel Luna y la diputada Carmen Martínez, también del PSPV-PSOE.

El expresidente socialista Joan Lerma fue protegido por la policía

Cuando la sesión terminaba fue cuando la Policía Nacional cargó contra el grupo de manifestantes. El diputado de Compromís Juan Ponce, que en ese momento salía de las Cortes, recibió un porrazo. La policía tuvo que proteger a políticos como el expresidente socialista Joan Lerma, que acudió a la sesión como invitado y fue perseguido por decenas de manifestantes, que lo increparon con gritos de “corrupto”. “Todos sois iguales”, le gritaba un manifestante a la cara a un político con reputación de honesto.

Cotino, que fue director general de la Policía con José María Aznar, pidió en su discurso institucional que no se emprenda la legislatura “ni con rencores estériles ni con vocación de imponer ideas ni con descalificaciones a la totalidad”. El nuevo presidente del Parlamento está vinculado al grupo empresarial Sedesa, que dirige su sobrino, implicado en la supuesta financiación ilegal del PP que investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del caso Gürtel.

Cotino pidió a los servicios de la Cámara un crucifijo para su juramento, pero las Cortes Valencianas no poseían uno. Por eso, en la Mesa del Parlamento se puso uno procedente de su propio despacho. El protocolo oficial ni prevé ni prohíbe su uso. El portavoz socialista, Jorge Alarte, que se estrena como parlamentario, fue cauto en sus declaraciones, a la espera de ver si el símbolo religioso se reduce al juramento o va más allá. “La Constitución y el Estatut ‘garantizan’ la capacidad de ‘jurar o prometer o expresarse en base a sus ideas”, recordó. Los portavoces Enric Morera, de Compromís, y Marga Sanz, de Esquerra Unida, expresaron su deseo de que el crucifijo desaparezca de las Cortes.

Sobre la presencia de la corrupción en la Cámara autonómica, Alarte dijo que “devalúa al PP como opción política y a sus representantes”. “Los ciudadanos han hablado el 22 de mayo, pero los problemas siguen”, añadió. El portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, sin embargo, dijo que “las difamaciones” que ha sufrido su partido “ha sido derrotadas en las urnas”.