El juez imputa a Ortiz, su mujer y al arquitecto del PGOU de Alicante

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha acordado las primeras imputaciones por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El juez, que dirige la investigación de esta pieza separada del sumario general del caso Brugal, iniciará la ronda de interrogatorios a los imputados con el arquitecto Jesús Quesada, redactor del documento. El profesional ha sido citado para el próximo día 30. A continuación, el 4 de julio, el juez interrogará al empresario Ortiz, y al día siguiente hará lo propio con la mujer del promotor, María Manuela Carratalá.

A lo largo del mes de julio, el magistrado tomará declaración al resto de 21 de acusados en esta causa por parte del fiscal anticorrupción de Alicante, salvo a dos: la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. El magistrado hace esta salvedad dada la condición de aforado del exregidor, categoría de la que también gozará en unos días la regidora, que encabezó lista autonómica del PP.

El arquitecto Jesús Quesada preside la mercantil Laboratorios de Proyectos S. L., empresa a la que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante le adjudicó la redacción del nuevo PGOU de Alicante. Quesada sustituyó en el cometido al arquitecto Lluís Cantallop, despedido por Alperi por discrepar de modelo de planeamiento.

En su escrito, el fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. El representante del ministerio público, sobre la base del informe policial, acusa a Quesada de siete supuestas infracciones penales. La primera, el 15 de mayo de 2008, cuando mantuvo una reunión “velada” en la Gerencia de Urbanismo de Ayuntamiento de Alicante con la alcaldesa (en esa fecha aún concejal de Urbanismo) y Ortiz. La segunda, prestar “auxilio” a Ortiz en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, con la anuencia de Castedo. Sobre este proyecto, según la policía, arquitecto facilitó información en otras dos ocasiones. Las otras cuatros irregularidades son facilitar al promotor datos sobre las futuras áreas de suelo protegido para que el empresario comprará suelo y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a las zonas urbanizables.

El fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias

El promotor Enrique Ortiz está considerado por la policía y el fiscal como el líder de esta trama sobre el PGOU. El ministerio público le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada vinculados a los siguientes hechos: solicitar información privilegiada del PGOU, de manera repetida, a Castedo y Alperi; influenciar, diseñar y conseguir resolver a su medida aspectos fundamentales del documento; comprar terrenos para su futura recalificación según información privilegiada, y pactar veladamente con Sonia Castedo la remodelación del Rico Pérez. A cambio de estos favores, el promotor colmó de dádivas a Castedo y al exregidor Alperi, entre ellas, un viaje a Creta en un jet privado a Alperi.

La tercera imputada en la causa es María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz. El fiscal le acusa de los delitos de uso privilegiado de información y participación en un delito de cohecho, por apoyar a su esposo en la gestión de obtención de dinero para presuntos pagos por favores recibidos en el PGOU. En este apartado, la policía investiga si la imputada entregó a Alperi 60.000 euros para su viaje de dos semanas a Creta.