Los impagos en Murcia obliga a los farmacéuticos a arriesgar su patrimonio

La deuda de la sanidad murciana ha puesto a los farmacéuticos en la cuerda floja. Los impagos de la Consejería de Sanidad les han obligado a arriesgar su propio patrimonio para resistir, por el momento, hasta octubre. Con un déficit sanitario que la oposición socialista cifra en más de mil millones de euros –el 31 de diciembre de 2009 alcanzaba ya los 841 millones- la consejería no ha podido hacer frente al pago de las recetas desde el mes de marzo.

La máxima tensión llegó en mayo, cuando los boticarios amenazaron con cerrar por el efecto de los impagos, que solo en marzo sumaban 35 millones de euros. Sin embargo, un acuerdo firmado a finales de mes con la Consejería de Sanidad les permitirá resistir unos meses más. Pero con sus propiedades como aval.

El Colegio de Farmacéuticos de Murcia aprobó a finales del mes pasado –con el 65% de los votos a favor- un convenio con el Instituto de Crédito y Finanzas de la región, el Servicio Murciano de Salud (SMS), Cajamurcia y Cajamar, que asciende a 200 millones de euros y que cubrirá los gastos de las recetas hasta octubre. Los titulares de cada farmacia serán los avalistas del SMS, que tendrá dos años para pagar la deuda. Es decir, que si el Gobierno regional no paga, responderán en última instancia los boticarios.

Pero los farmacéuticos no son las únicas víctimas del déficit sanitario, cuya “deuda oculta”, según el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), es de 15.000 millones de euros. Para reducir la deuda, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel adoptó medidas de contención del gasto farmacéutico, cuyo déficit ronda los 60 millones de euros, según fuentes de la oposición socialista. Las medidas fueron muy efectivas –el gasto farmacéutico descendió en abril un 24,4% con respecto al mismo mes del año pasado- pero las farmacias quedaron desabastecidas de los medicamentos más caros.

Junto al sector sanitario, la construcción también sufre el efecto de los impagos de la administración murciana. Según la Federación de Empresarios de la Construcción (FRECON), el Gobierno regional dejó de pagarles hace un año, aunque algunas empresas muestran facturas sin pagar de 2009. En total, la deuda con los contratistas de obras públicas, según los profesionales del sector, es de entre 200 y 240 millones de euros.

Mientras tanto, las protestas contra los recortes continúan. Por décima vez, miles de personas, entre 4.000 y 6.000 según los sindicatos (UGT, CC OO y Sterm-Intersindical), volvieron a marchar contra la Ley de Medidas Extraordinarias para el Sostenimiento de las Finanzas Regionales, o ley del tijeretazo, aprobada el pasado diciembre por el Gobierno de Valcárcel.