La Guardia Civil atribuye una falta grave al juez que anuló parte del ‘caso Gürtel’

Un informe de la Guardia Civil de Madrid atribuye una falta grave al magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Emilio Fernández Castro, el miembro del tribunal del caso Gürtel que votó a favor de anular las escuchas que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales implicados en la trama corrupta. El informe está incluido en una pieza judicial desgajada del caso Guateque (la gigantesca trama de mercadeo y aceleración de licencias municipales para abrir locales públicos en Madrid capital).

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil sitúan al magistrado Fernández Castro como artífice de la querella contra su colega Santiago Torres tras haber encarcelado este a su hermano Joaquín, entonces jefe del departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid y uno de los 100 imputados salpicados por el escándalo de las licencias de bares.

El equipo de la Guardia Civil que investigaba los supuestos sobornos a funcionarios del Ayuntamiento madrileño para agilizar licencias y ladear sanciones tenía pinchado el teléfono de un hijo de Joaquín Fernández Castro, hermano del citado magistrado. El alto funcionario municipal estaba en la cárcel por orden del juez Torres, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid e instructor del caso Guateque.

Tras ingresar su hermano en prisión, el juez del TSJM Emilio Fernández Castro redactó supuestamente, vulnerando las incompatibilidades que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados, una querella contra el juez Torres por encarcelar a su familiar. Así lo asevera la Guardia Civil en un informe resumen de los seguimientos telefónicos a los que tenía sometido a Acisclo Fernández, sobrino del juez e hijo del funcionario municipal encarcelado. Los pinchazos revelan cómo Acisclo contacta con Laurentino Sánchez, alias Lauro -policialmente considerado “la persona que más cocaína mueve en Madrid” en locales de ocio- para que este, a través de sus múltiples contactos, proporcionase a su padre un teléfono móvil dentro de la prisión. Está prohibido que los presos tengan teléfono, pero hay mafias que, pagando, los hacen llegar a reclusos.

Los agentes tenían pinchado el teléfono de un sobrino del juez

A Acisclo se le investigaba en relación con el caso Guateque por ser codueño de una discoteca de Madrid, llamada Dink, contra la que existía medio centenar de denuncias vecinales por ruidos y solo alguna sanción leve por parte del Ayuntamiento. Es decir, el juez Torres tenía en su lupa ese local como receptor de favores municipales.

El citado informe de la Guardia Civil que atribuye una falta grave al juez Fernández Castro, forma parte, por tanto, de una pieza desgajada del caso Guateque que ha estado secreta hasta hace varios meses y que en enero pasado derivó en la detención de 26 personas muy peligrosas, entre ellas, Lauro y algunos miembros de su banda.

La ley prohíbe a los magistrados realizar labores de asesoramiento

De las conversaciones mantenidas por Acisclo con familiares suyos y con miembros de la banda de Lauro, la Guardia Civil colige que “el autor intelectual y artífice de la querella interpuesta” ante el TSJM contra el juez Torres fue redactada, subrayan los agentes, “por un hermano del citado Joaquín, que trabaja como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”; esto es, Emilio Fernández Castro, adscrito a la Sala de lo Penal y Civil, la que lleva el caso Gürtel.

La querella contra el juez Torres fue presentada, al ser un aforado, ante la misma sala del TSJM en la que trabaja Fernández Castro. Sus colegas del TSJM la rechazaron. Fernández Castro es el juez que unió su voto al del presidente de la sala, Francisco Vieira, para anular las escuchas carcelarias de la red corrupta Gürtel y quien en varias ocasiones se ha mostrado a favor, sin éxito, de imponer una pequeña fianza al cabecilla de la trama, Francisco Correa, para que pueda salir de la cárcel. Pero no hay ninguna relación fáctica entre ambas causas.

Para aseverar que Emilio Fernández es el artífice de la querella contra Torres, la Guardia Civil se basa “en la cantidad de veces que así lo asegura en sus múltiples conversaciones con distintas personas el sobrino del magistrado”, Acisclo Fernández. “A mi padre le hubieran puesto en libertad ayer si mi tío no hubiese hecho la cagada de la querella contra el juez”, señala Acisclo en una de las grabaciones. Esa idea la repite en otras muchas grabaciones. Está convencido de que su padre es inocente y, pese a ello, no figura entre los primeros excarcelados del caso Guateque por la acción de su tío contra el juez Torres.

El autor de la querella pudo cometer una infracción disciplinaria grave dado que el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que “el cargo de juez o magistrado es incompatible (...) con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial, con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría” y, subraya, “con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”.

La anterior presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, también tuvo problemas con la justicia por una conversación telefónica intervenida en la que asesoraba a una conocida que estaba siendo investigada por un crimen.