El plan oculto de un promotor y dos alcaldes
La policía cree que Enrique Ortiz influyó en el PGOU de Alicante El hermano de la alcaldesa actuó de puente entre Ortiz y el Ayuntamiento EU pide a Castedo y Alperi que dejen todos sus cargos públicos
La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante contó, según la policía, con una trastienda ajena al interés general cuyos protagonistas fueron el promotor local Enrique Ortiz, el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi, y su sucesora y entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. Esa cara oculta del proceso de gestación del nuevo planeamiento urbano está reflejada en el informe de la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.
El documento forma parte de la pieza separada del caso Brugal, que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU. Por estos hechos, y sobre la base del informe policial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información a 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz.
El documento de la policía revela múltiples reuniones y llamadas telefónicas entre el promotor, el regidor, la alcaldesa y el arquitecto redactor del planeamiento, Jesús Quesada, para “incluir modificaciones en el PGOU a su voluntad [la de Ortiz]. El informe de los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales destaca otra pieza clave en ese supuesto trasiego de información privilegiada entre los dos altos mandatarios municipales y el promotor: un despacho de abogados urbanistas, regentado por José Luis Castedo (hermano de Sonia Castedo) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento.
El informe policial recoge hasta ocho supuestas actuaciones urbanísticas ilegales, aunque las dos de mayor calado son el supuesto amaño para la remodelación del estadio Rico Pérez, en actualidad propiedad de la firma Aligestión, del promotor Ortiz, y la adquisición de suelo protegido para intercambiar los aprovechamientos por suelo urbanizable.
La investigación policial sobre presuntas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante comenzó a mediados de mayo de 2008 y se prolongó justo hasta la primavera de 2010. Durante ese bienio, el Ayuntamiento aprobó en dos ocasiones provisionalmente la propuesta, la segunda en mayo de 2010. El documento aún no ha sido sancionado por el Consell.
Sobre la base de ese vasto informe policial (las diligencias ocupan 500 folios), el fiscal Briones presentó el pasado 17 de junio de 2010 un escrito inicial de acusación ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que dirige el sumario general del caso Brugal. San Martín, no obstante, se inhibió de esa pieza un mes después por motivos de competencia territorial.
La causa del PGOU de Alicante recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, el magistrado Manrique Tejada, mantiene desde entonces secretas las diligencias. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia aseguraron ayer que el juez mantendrá el secreto del sumario “hasta recibir los nuevos informes policiales que ha solicitado”.
Sin embargo, la reserva de ese sumario ha sufrido dos filtraciones de calado. La primera en octubre de 2010, cuando por un error material el juez Carlos San Martín incluyó parte de esas diligencias en un DVD que fue entregado al resto de partes de la causa general.
Castedo a Ortiz: “Te hemos Apañado lo del Rico Pérez”
Los diálogos de las escuchas telefónicas recogidas en el informe policial del sumario del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante rezuman una constante en las formas: la cordialidad rayana en la afectuosidad que reina entre el trío de interlocutores, el promotor Ortiz y los dos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Mientras, en el fondo las escuchas revelan el afán de Ortiz por controlar los pasos del trámite del planeamiento y, en paralelo, la disponibilidad de Alperi y Castedo a acceder a sus peticiones.
La regidora ha compartido, junto con Alperi, dos viajes de recreo a bordo del yate Elena, propiedad del empresario Enrique Ortiz. Esas características subyacen tanto en las escuchas telefónicas conocidas tras la primera filtración de septiembre y las recogidas en la filtración difundida ayer por el diario Información.
Muestra de la cordialidad entre Ortiz y Castedo son algunos pasajes de conversaciones entre ambos sobre el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez. En una de las conversaciones sobre otras actuaciones urbanísticas la regidora comenta a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas de Garbinet y también lo del Rico Pérez".
Sobre el Rico Pérez, en la primera filtración del informe policial, hay otra conversación reveladora
Ortiz: Pues voy directamente allí y vemos a ver si me das solución ya de lo que este plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices, y además intenta tener el planito y me lo enseñas.
Castedo: Sí, Sí, sí, mañana nos vemos entonces.
El trasiego de planos (supuestamente referidos al nuevo PGOU) entre Castedo y Ortiz ocupa otro pasaje de las escuchas, en este caso referidas a la instalación de Ikea en Rabassa. "Me has dado un tebeo del Coyote. Es el antiguo, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación", comenta Ortiz.
En otras de las conversariones, el promotor Ortiz expresa directamente a Castedo su malestar por que la redacción del PGOU, al menos en lo que se refiere al apartado de las nuevas zonas protegidas, no discurre según sus interesas: "El tema es gordo, estoy viendo el Plan General y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos". En esa fase del trámite del PGOU Ortiz, en una conversación con un empleado suyo, experto en temas urbanísticos, llega a dudar de la lealtad de sus apoyos y alude a una supuesta mano negra, para espetar: "Yo veo aquí una mano negra y la mano negra para esto tengo que ser yo".
Las escuchas dejan aflorar que el supuesto idilio y mutua confianza de los que siempre han hecho gala en público Luis Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, sufrió una fractura a las primeras de cambio. En una conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi, grabada el 21 de octubre de 2009, justo un año después del cambio de titular en la alcaldía, el exregidor hace las siguientes alusiones sobre su sucesora.
Alperi: Oye, no le comentes nada, por favor, a Sonia, de nada, nada de nada.
Ortiz: ¿Qué te ha hecho otra, o qué?
Alperi: No, no, me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me... vamos, Sonia me odia a muerte.
La primera filtración incluyó pasajes del informe policial y el escrito de acusación del fiscal al completo. El documento fue exhibido en público por Sonia Castedo para contrarrestar las imputaciones que vertía sobre su persona el representante del ministerio fiscal.
La segunda filtración se produjo ayer, a través del diario Información, que difundió el informe policial. El documento abunda en los ocho supuestos hechos delictivos que dieron pie a la acusación del fiscal y recoge nuevos pasajes de las escuchas telefónicas de conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y Castedo, reveladoras de las presiones del empresario a los cargos del PP para conocer de antemano las líneas básicas del PGOU y la disponibilidad de estos a satisfacer sus demandas de información.
En su escrito, el fiscal sostiene que la primera reunión de importancia entre el empresario y los cargos del Ayuntamiento para obtener información privilegiada del PGOU se produjo el 15 de mayo de 2008, “en una reunión velada en la Gerencia de Urbanismo entre la concejal Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada”. El informe policial precisa que el encuentro fue a la 17.30, “porque por la tarde no hay nadie”. En esa reunión, según la policía, Ortiz obtuvo datos acerca de la instalación de la tienda de Ikea en el plan Rabassa, adjudicado unos años antes al promotor Ortiz.
El informe de la policía y el escrito del fiscal recogen, más adelante, sucesivas conversaciones telefónicas en las que bien Castedo o bien el redactor del plan informan al promotor de otras actuaciones urbanísticas en las que Ortiz tiene intereses, como el APA-9 o la Lomas de Garbinet.
El 26 de junio de 2008, la policía interviene llamadas de Ortiz al redactor del PGOU interesándose por el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, “con la anuencia de Sonia Castedo y Díaz Alperi”, precisa el escrito del fiscal. En este apartado la policía aporta un encuentro personal entre Alperi y Ortiz en Benidorm para hablar del proyecto de reforma del Rico Pérez. El informe policial concluye en este apartado que “se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU”.
La policía cree igualmente acreditado que Ortiz tuvo información privilegiada sobre qué zonas de la ciudad iban a ser protegidas y poder acaparar ese suelo con la intención de permutar la edificabilidad en áreas urbanizables. “Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad”, recoge un pasaje de una conversación entre Ortiz y uno de empleados.
Tanto la policía como el fiscal consideran que en este supuesto acceso a información privilegiada del promotor Ortiz sobre los pormenores del PGOU de Alicante es clave el papel del despacho de abogados de urbanistas integrado por el hermano de Castedo y el exconcejal socialista. Para el fiscal, este extremo tampoco pasa inadvertido y acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La mediación más relevante de los dos abogados con Ortiz está vinculada a la adquisición de terrenos rústicos en áreas que más tarde serían protegidas, como el Saladar de Agua Amarga.
Para el PSPV, según recoge un informe elaborado por el partido sobre el trámite del PGOU, el papel del hermano de Sonia Castedo en el supuesto trato de favor al promotor Ortiz “es clave”. El documento de los socialistas destaca que José Luis Castedo trabajó entre 2004 y 2008 en la entonces Consejería de Territorio y Vivienda en Alicante.
Las nuevas revelaciones policiales sobre el supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz en el trámite del PGOU fueron aprovechadas ayer por los grupos de la oposición para instar a la alcaldesa a que dé explicaciones. Elena Martín, cabeza de lista del PSPV en los últimos comicios municipales, dijo: “De confirmarse los hechos, Alicante estaría ante un claro caso de corrupción. Exigimos a Castedo que salga inmediatamente a dar explicaciones”.
Más contundente se manifestó el cabeza de lista de EU, Miguel Ángel Pavón, quien exigió a Castedo y Alperi que renuncien a sus actas, tanto de concejales electos como de diputados autonómicos electos. “Es inaceptable el trapicheo de planos del PGOU entre Ortiz y el equipo redactor”. Mientras, la diputada autonómica de Compromís por Alicante Mireia Mollà aseguró que los nuevos datos sobre el PGOU “hacen absolutamente necesario que se pidan responsabilidades”.
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