Se busca bandera social

Algunos mensajes de Alfredo Pérez Rubalcaba eran previsibles. Por ejemplo, que las conquistas en derechos civiles y sociales peligran si gana Rajoy las elecciones. Las contradicciones del PP ante asuntos polémicos como el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual son un evidente punto débil de Rajoy, obligado a nadar entre distintas aguas en su propio partido. Otros anuncios del aspirante socialista no eran tan esperados y pueden insinuar correcciones en el rumbo. Solo los iniciados se fijaron en cómo Rubalcaba puso el acento en que en esta “nueva fase de la crisis” el mayor esfuerzo debe hacerse en educación y en ciencia. Que no es, exactamente, lo que se venía haciendo.

Lo social no dominó ayer la primera rueda de prensa del presidenciable Rubalcaba, que de todas las normas hechas estos ocho años solo citó en concreto la ley del aborto: “El PP la derogaría”, afirmó sin margen para la duda, porque el propio Mariano Rajoy ha dicho que “su idea” es volver a la ley anterior, hecha por el primer gobierno de Felipe González y en vigor desde 1985. La diferencia entre una y otra es que, frente al modelo de supuestos para el aborto establecido entonces (que incluía el coladero del riesgo psicológico sin plazo límite), la nueva ley, en vigor desde julio, establece un plazo de 14 semanas en que la decisión de abortar es libre para la mujer. En la práctica, con plazos o con supuestos, con Aznar o con Zapatero, se practican alrededor de 100.000 abortos al año en España. Que Rajoy esté en condiciones de abrir el debate de la ley del aborto dentro de su propio partido es bastante dudoso; que todo el PP aceptara sin divisiones ni problemas de conciencia votar una ley como la de Felipe González parece complicado. Parece lógico esperar que el nuevo líder del PSOE meta el dedo en esa yaga. O en la de las bodas homosexuales, que según las encuestas tienen un amplio apoyo social y sobre la que Rajoy evita pronunciarse con rotundidad. Ni hablemos del llamado divorcio express, que el PP criticó en su día pero que ya ni cita como preocupación.

Al candidato socialista la falta alguna bandera de este tipo a la que agarrarse en próximas campañas. El partido dice estar orgulloso de lo hecho sobre derechos civiles en los años de Zapatero, pero no parece que tenga claros los próximos pasos. ¿Eutanasia? La ley de muerte digna es tan prudente que Rouco, el jefe de los obispos, ha dicho que está tranquilo porque no es de eutanasia. ¿Vientres de alquiler? Demasiada polémica para casos muy excepcionales. ¿Paridad de sexos en los consejos de las empresas? Un debate poco maduro en Europa y cuya imposición tendrá un imprevisible efecto en la opinión pública.

¿Y entonces a qué se agarrará en lo social Rubalcaba? No es mala idea mirar sobre todo a la educación y a la investigación para ayudar a cambiar el modelo productivo. Los ciudadanos (y todos los expertos) entienden que se dé prioridad al conocimiento. Pero las transferencias a las autonomías han reducido al mínimo el margen de maniobra del Ejecutivo en el terreno educativo. El ministro Ángel Gabilondo trata de sacar adelante pequeñas reformas tras fracasar (porque no convenía a la oposición) su propuesta de pacto de Estado por la educación. Para colmo, La Moncloa le obligó a poner en marcha medidas que no eran tan prioritarias, como repartir un miniordenador a cada escolar. Con o sin pacto, y será sin pacto, son urgentes mejoras en el sistema educativo, que sigue sacando malas notas en el examen de Pisa y cuya universidad debe ajustarse a las exigencias de Bolonia. Las restricciones presupuestarias son severas: el sistema ha perdido en el último año 1.800 millones de euros. El clima de austeridad deriva periódicamente en conflictividad y las movilizaciones de indignados ya estaban produciéndose en los campus mucho antes que en Sol o Plaza de Catalunya.

Y, para indignados, los científicos. Los primeros gobiernos de Zapatero dieron un empujón a la I+D, pero con las vacas flacas vinieron los recortes, con lo que muchos organismos investigadores dicen encontrarse en situación límite y las cifras españolas se han quedado muy lejos de los parámetros europeos. Durante estos dos años consecutivos de recortes en la comunidad científica se ha extendido un notable malestar, que crecía al saberse que otros gobiernos (como el de Obama en EE UU) han salvado a los investigadores del ajuste porque entienden que de ellos depende en buena medida el futuro del país. Apaciguar los ánimos crispados en la comunidad académica e investigadora es tarea importante para el próximo gobierno. Conseguir además vender ilusión al respecto tendría mucho mérito.