Defensa recorta la conciliación

Al menos cuatro militares —dos cabos y dos cabos primero— de la unidad de servicios de la base Cid Campeador, en Castrillo del Val (Burgos), las únicas que disfrutan de reducción de jornada para el cuidado de sus hijos, han perdido el derecho a la exoneración de guardias asociado a la anterior. La pérdida de este derecho es consecuencia de la publicación, el pasado 23 de febrero, de una orden de la ministra de Defensa, Carme Chacón, por la que se “adapta a las nuevas circunstancias” la regulación de 2006 sobre horario de trabajo, permisos y licencias de los militares, lo que incluye la conciliación de la vida personal y familiar con las obligaciones del servicio.

El objetivo de la reforma era reforzar la protección de las familias monoparentales e incorporar a las Fuerzas Armadas el permiso por paternidad de cuatro semanas, pero sus consecuencias parecen haber sido muy distintas. Pocos días después de su entrada en vigor, mandos militares ordenaron revisar de oficio las reducciones de jornada concedidas a militares para el cuidado de hijos menores de 12 años y resolvieron retirar derechos ya adquiridos.

Las cuatro militares de Burgos mantienen la reducción de jornada, de entre una y dos horas diarias, que conlleva una reducción proporcional del sueldo (entre 150 y 200 euros para una retribución total de 1.200 al mes), pero no la exención de guardias que lleva aparejada. Fuentes conocedoras del caso explican que la obligación de hacer guardias (de 48 horas de permanencia en el cuartel cada dos meses y medio y fines de semana cada cinco) vacía de contenido la reducción de jornada y convierte en inútil el sacrificio económico que supone. Se trata, además, en tres de los casos, de mujeres cuyas parejas también son militares y salen de maniobras o participan en misiones en el extranjero. Aunque Defensa ha puesto en marcha un programa de guarderías en las bases, en Castrillo del Val, con unos 2.500 efectivos, no hay ninguna y los militares tampoco reciben ayuda con este fin.

Para recortarles este derecho, el coronel se ha basado en que la orden de Defensa le permite reconsiderar la exoneración de guardias previamente concedida, “si las necesidades del servicio se vieran afectadas por circunstancias sobrevenidas” y siempre de manera motivada, lo que le otorga un amplio margen de discrecionalidad.

Las cuatro militares han presentado un recurso en el que alegan que los datos aportados por el jefe de la unidad son inexactos. Tanto que saltaba a la vista, pues argumentó que de los 25 cabos o cabos primero solo 16 estaban disponibles al tener cuatro reducción de jornada y estar tres de baja médica. El jefe de la subinspección del Ejército de Valladolid rechazó sus argumentos alegando que el evidente error en las cuentas del coronel carecía de relevancia, por lo que las militares presentarán un recurso ante los tribunales.

Lo que no se ha aclarado es qué “circunstancias sobrevenidas” se produjeron entre el 3 de febrero de 2011, cuando se le concedió la reducción de jornada y la exoneración de guardias a una de las militares, y el 14 de marzo, cuando se inició el procedimiento para retirarle la segunda. Si las circunstancias del servicio no lo permitían, el coronel debió denegar la exoneración de las guardias en febrero, pues así lo contemplaba la normativa anterior. Pero prefirió aprovechar la “circunstancia sobrevenida” que suponía la orden de Chacón.

Un portavoz de Defensa aseguró que el objetivo de la reforma era acabar con algunos abusos, entre las que no incluyó a las militares de Burgos. Agregó que el coronel obró con arreglo a la ley, según un informe jurídico elaborado, paradójicamente, por una mujer militar.