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Solo 58.066 votos del exterior para las autonómicas en las primeras elecciones municipales sin voto emigrante

La reforma de la Ley Electoral impide por primera vez que los emigrantes voten en las municipales y aumenta los requisitos para hacerlo en las regionales.

Muertos que votaban, un enviado del PP cargando con una fotocopiadora por América Latina para llevarse personalmente copias de los pasaportes y firmas en blanco de 800 votantes mientras les ofrecía carne y sardinas. Municipios como el de Avión, en Ourense, donde el censo electoral es mayor fuera de España que en el propio pueblo, de forma que gente que llevaba 20, 25 o 30 años viviendo fuera de la localidad y del país -y sus hijos- podían decidir quién iba a ser el alcalde. Para evitar todas estas situaciones, muy comunes, sobre todo, en Galicia y Canarias, el pleno del Senado aprobó definitivamente el pasado 19 de enero una reforma de la Ley Electoral que impide a los emigrantes votar en las municipales y establece nuevos requisitos para que puedan hacerlo en las autonómicas.

La reforma se llevó a cabo con el apoyo de todos los partidos salvo Coalición Canaria, una de las grandes beneficiarias de esos votos, e IU. La participación ha caído respecto a los últimos comicios autonómicos (mayo de 2997). Apenas llega al 8%: solo 58.065 de los 705.097 que podían votar lo han hecho.

Para llevar a cabo esta reforma, los partidos se apoyaron en un informe del Consejo de Estado que, tras comparar con el de otros países,  concluyó que el sistema español por el que los emigrantes podían votar en las municipales era “la excepción”. Es más, muchos países ponían impedimentos a los emigrantes incluso para votar en las elecciones generales. Por ejemplo, en Canadá no pueden hacerlo quienes llevan más de cinco años fuera del país y en Portugal, quienes lleven más de diez en el extranjero.

“La extensión de la cobertura constitucional al sufragio de estos ciudadanos (los emigrantes) en las elecciones municipales es difícilmente sostenible”, proseguía en informe atendiendo al artículo 140 de la Constitución que prevé la elección de los concejales “por los vecinos del municipio”. “Un cambio  legislativo en este punto sería, además de plenamente coherente con el principio democrático, coherente con las medidas tendentes a favorecer el sufragio de los inmigrantes en las elecciones municipales”, es decir, de los extranjeros que sí residen en España, “y equipararía el modelo español al prácticamente unánime de derecho comparado”. La mayoría de los emigrantes españoles pueden votar en las elecciones municipales de los países en los que residen, es decir, que hasta ahora votaban al alcalde del pueblo donde residían, y al de la localidad que abandonaron en España hace años.

Pese al consenso mayoritario de las formaciones políticas y la contundencia del informe del Consejo de Estado, la reforma provocó el rechazo del Gobierno canario, que ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional y el de al menos 2.700 emigrantes españoles que en abril de 2010 formaron la Plataforma Contra la Privación del Derecho de Voto de los Españoles en el Exterior, y que durante meses se han dirigido infructuosamente al presidente del Gobierno, el líder de la oposición, el Defensor del Pueblo y otras instituciones para intentar paralizar la reforma.

“Es antidemocrática, un gravísimo error”, asegura su portavoz, José Gabriel Gasó, un valenciano de Alginet que lleva 36 años viviendo en Francia. “Nosotros somos españoles y todo lo que ocurre en nuestro país nos concierne. Yo vine a estudiar aquí y me quedé, pero mi proyecto es volver a mi tierra y me interesa quién dirija mi pueblo. Mis hijos, que tienen 30 y 27 años han votado en todas las elecciones municipales hasta ahora. También en las municipales de Francia. Pienso que ahora, que cada vez hay más desencanto con la política, los políticos deberían incentivar la participación, no restringirla”.

“Entiendo el rechazo desde un punto de vista sentimental”, asegura el responsable de voto exterior del PP, Alfredo Prada,  “pero desde un punto de vista jurídico, es lo que teníamos que hacer. La reforma es coherente y responsable porque es lo que proponía el Consejo de Estado”. En cuanto al cambio de requisitos para las autonómicas- voto rogado-, Prada asegura que servirá para “eliminar las sospechas que han rodeado siempre el voto del exterior, con episodios de fraude”, aunque lamenta que “por ser la primera vez” y por “falta de una campaña informativa” suficientemente intensa por parte del Gobierno, “la participación vaya a ser tan escasa”.

Ricardo Cortés, responsable del voto exterior del PSOE, asegura que la reforma “no ha limitado derechos”, sino que “ha añadido garantías, de forma que no puedan decidir decisivamente en el resultado electoral de unas municipales gente que no vive allí. Es pura lógica” . Para Cortés, el sistema de voto de los emigrantes en las autonómicas hasta ahora “facilitaba mucho la participación, pero no era nada garantista. Ahora el voto exterior estará fuera de toda duda, aunque en el futuro todavía tenemos que trabajar en algunas cosas como el hecho de enviar sobres franqueados para que a la gente no le cueste dinero ir a votar”.

Miguel Ángel Machín, responsable de política exterior de Coalición Canaria, opina sin embargo que la reforma “cercena derechos fundamentales de los españoles” y que, en el caso de las autonómicas, ha provocado una “catástrofe en la participación”. “Lo normal era que de Venezuela, donde está la mayor comunidad canaria en el exterior, llegaran entre 16.000 y 20.000  votos. Este año ha llegado una solicitud a Las Palmas y 20 a Tenerife. Es como si hubiesen restringido también el voto para las autonómicas. Parece mentira que en una época de crisis los dos principales partidos solo se pongan de acuerdo para cercenar un derecho. Si no era suficientemente garantista podríamos haber pensado otras opciones”.

IU también se opuso a la reforma por ver en ella “una enorme e innecesaria pérdida de derechos”, en palabras de un portavoz.

Eduard Lopez, de CiU, asegura que el voto emigrante no es tan importante ni ha generado tanto debate público en Cataluña como en otras comunidades, y recuerda que el derecho al voto en el exterior se está ampliando gracias a La ley de Memoria Histórica, que ha concedido la nacionalidad española a los descendientes de españoles forzados al exilio durante el franquismo. 

El PNV manifestó que este asunto no le afecta y declinó opinar sobre él.

Francisco Jorquera, del BNG, comparte la filosofía de la reforma que corrige “una anomalía democrática” y opina que si no se ha hecho antes es “porque cuando alguno de los dos partidos mayoritarios llegaba al Gobierno dejaba de interesarle  cambiar un sistema que le beneficiaba porque los votos en el exterior suelen ir para el partido en el poder” . En su caso, añade, les hubiese gustado ir más allá, negando el voto a los emigrantes también en las elecciones autonómicas y a las generales.