¿Qué quiere el movimiento 15-M?
Representación para partidos minoritarios, fin del bipartidismo, cambio del modelo económico, medidas contra la corrupción o democracia participativa son algunas de sus demandas
Las reivindicaciones de los protagonistas del movimiento 15-M conforman un manifiesto de propuestas a menudo llenas de sentido común. Además de deseos que rozan la utopía, tienen demandas concretas que van desde la modificación de la ley electoral a la adopción de medidas tajantes contra la corrupción política o un replanteamiento del sistema de financiación de partidos. Aquí va un decálogo con algunas de sus peticiones y el estado actual de lo que quieren cambiar.
1. Ley d’Hont
La Ley D’Hont es la norma que regula el reparto de escaños de los partidos más votados, de mayor a menor, a partir del 3% de los sufragios para el Congreso de los Diputados o el 5% en las elecciones autonómicas o municipales. Las barreras, que dependen de la ley electoral, impiden a las formaciones pequeñas tener representación en las administraciones.
2. Bipartidismo
Actualmente en el Congreso están representados seis grupos parlamentarios. El grupo socialista tiene 169 diputados; el popular, 152; el catalán (Convergència i Unió), 10; el vasco, 6; el de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 5 miembros. El grupo mixto tiene 8 diputados.
3. Sistema de financiación de partidos
Hace menos de un mes el Consejo de Europa suspendió a España por la opacidad de su sistema de financiación de partidos. Uno de los peores aspectos es la falta de transparencia de las cuentas de las agrupaciones locales. El informe del Consejo de Europa señala las “malas prácticas” en un punto donde “los riesgos de corrupción son particularmente altos”, teniendo en cuenta también que, según un informe del Tribunal de Cuentas, el 25% de los ingresos de los partidos proviene de sus sedes locales.
4. Corrupción
En las listas populares y socialistas hay decenas de imputados en causas de corrupción (el PP valenciano, por ejemplo, tiene varios implicados en casos graves, como la trama Gürtel, y pese a ello mantiene a nueve imputados en su candidatura, además de Francisco Camps). Pese a ello, la ley no obliga apartarlos de las elecciones.
5. Paro juvenil
En España el paro juvenil supera el 40% y es uno de los más altos de Occidente. Decenas de miles de jóvenes con formación universitaria, los más preparados de la historia, se ven obligados a volver a estudiar al no tener otras oportunidades.
6. Despidos
La reforma laboral aprobada por el Gobierno el año pasado permite a una empresa despedir por motivos económicos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado si se alegan “pérdidas actuales o previstas” o si se registra una “disminución persistente de su nivel de ingresos”.
7. Jubilación
La reforma del sistema de pensiones ha elevado la edad de jubilación, que desde 1915 era inamovible en los 65 años, a los 67, y se ha ampliado a 25 años el periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión. Estas medidas, de mayo de 2010, recibieron los aplausos de muchos economistas, docentes y analistas.
8. Medidas financieras
Cajas y bancos españoles tienen cerca de150.000 millones en activos potencialmente problemáticos en el ladrillo, lo que constituye alrededor del 15% del PIB. Debido a esta situación, España on ocasiones se ha visto contra las cuerdas en los mercados internacionales. Por eso, como dijo la vicepresidenta económica, Elena Salgado, era “extremadamente urgente” recapitalizar y reformar bancos y cajas para despejar las dudas de los mercados. En Islandia, el Gobierno pidió responsabilidades directas a sus banqueros.
9, Igualdad
El Consejo de ministros presentó en enero el primer anteproyecto de la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación y la remite ahora al Congreso. La norma, además de la igualdad de género en las empresas y en las instituciones, tiene como objetivo que “nadie pueda sentirse humillado” por razones de nacimiento, raza, sexo, convicción, edad, religión, identidad sexual o enfermedad”.
10. Vivienda
El Ejecutivo aprobó en 2007 ayudas al alquiler de 210 euros para los jóvenes. En agosto del año pasado, Vivienda reclamó las prestaciones a los que superaron el límite de 22.000 euros de ingresos anuales.
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