No tan inocentes

Al menos un centenar de imputados, entre los que destaca por el rango institucional que tiene el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, integran las listas para Ayuntamientos y comunidades autónomas del próximo 22 de mayo. No todos sus problemas con la justicia están relacionados con el ejercicio de un cargo público o pueden catalogarse como delitos de corrupción -cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etcétera...-, pero son la mayoría.

El debate sobre si basta la imputación o procesamiento o hay que esperar a la condena para abandonar la vida pública ha estado presente desde los inicios de la democracia. En los pasados años ochenta un implacable José María Aznar, entonces jefe de la oposición de Alianza Popular en Castilla y León, puso el listón muy alto contra la corrupción y lo aplicó a sus adversarios políticos. No lo mantuvo a la misma altura, sin embargo, después en su partido. Y hoy está ya a ras del suelo en el caso de Camps y de los otros imputados que colonizan las listas electorales de la Comunidad Valenciana.

También otros partidos, y en especial el PSOE, combinan con soltura una actitud complaciente con sus imputados y exigente con el resto y ofrecen explicaciones para salir del paso. Algunas, tan peregrinas como que imputado es solo quien acude al juzgado acompañado de abogado y no el que el juez designa como posible autor de hechos aparentemente delictivos. Pero la explicación más al uso es la traslación sin más de la presunción de inocencia desde el campo penal. Que un candidato imputado no esté condenado y le ampare la presunción de inocencia no le libra de ser sospechoso de una conducta impropia que le pone en entredicho ante los ciudadanos y posibles electores.

El caso de Camps es especialmente grave: es un imputado al borde del juicio que aspira a ser reelegido con el propósito apenas velado -hay explícitos amagos al respecto- de utilizar el veredicto de las urnas si le son favorables como contrapunto a una eventual condena judicial. Su horizonte penal puede ennegrecerse aún más si el asunto de los trajes se vincula, como plantea la Fiscalía Anticorrupción con una lógica procesal intachable, con el resto de delitos de que son acusados varios altos cargos, incluido Camps, del Gobierno y del PP valencianos en relación con la trama Gürtel.

Por fortuna, la complaciente actitud de Rajoy hacia Camps se ha quebrado esta semana. Génova ha desautorizado al PP valenciano, que pretendía imponer una intolerable censura a las cuatro cadenas (RTVE, Telecinco, Cuatro y La Sexta) que el sábado pasado difundieron informaciones detalladas sobre los imputados, acusados e implicados en casos de corrupción de la lista del presidente valenciano. Confirmado como candidato y envalentonado con sus buenas perspectivas electorales, Camps no desaprovecha ninguna oportunidad para exhibir su bajo concepto de la actividad política.